Hemos visto la campaña que dice “un niño fuera de la calle es un niño fuera de los titulares”, que aludiendo a la ola delictiva que azota fuertemente a nuestro país, pone un acento que debe llamarnos urgentemente a reaccionar: la presencia de niños, niñas y adolescentes en los actos delictuales.

Una investigación del año 2021 de radio Bío-Bío reveló información impactante. En los últimos cinco años, más de 49 mil jóvenes fueron condenados por delitos de alta gravedad, que van desde robos a homicidio. La mayoría tiene entre 16 y 17 años, pero también hay algunos de apenas 12 años.

Para enfrentar esta situación se cruzan dos enfoques, el control punitivo y el preventivo. El primero busca penalizar el delito, tiene impacto comunicacional con medidas de corto plazo, pero sabemos que no es lo más efectivo. Por ejemplo, un estudio de 2019 de Cortés y cols. señala que la privación de libertad aumenta hasta en 36 puntos la probabilidad de que el joven reincida en su vida adulta.

El enfoque preventivo apunta a enfrentar la delincuencia juvenil con una mirada integral y es definitivamente más efectivo. Sin embargo, como no genera impacto mediático y sus resultados son de mediano y largo plazo, este modelo no es el usualmente elegido por la autoridad y la sociedad civil, aunque los expertos concuerdan en sus efectos positivos, los que se han medido científicamente en Chile y el mundo. En Chile se ha investigado y se han realizado algunas intervenciones variadas y muy auspiciosas (Dammert y Lunecke, 2004; Werth, 2005; Lexmarie y cols., 2016), sin lograr que se asiente un único modelo como política pública.

Una buena prevención actúa en la trayectoria de vida desde antes que se cometa el primer delito (temprana) y se implementa en el contexto donde habitan los niños, niñas y adolescentes en alto riesgo (comunitaria), sobre todo en el horario en que están fuera de otros entes protectores, como la escuela. Es decir, un trabajo temprano en las calles, cuando se exponen a la influencia de pares y adultos involucrados en la delincuencia y el narcotráfico, en un momento crítico de la formación de su personalidad.

Este enfoque tiene dos grandes desafíos. El primero es buscar una definición consensuada y operativa para el concepto “prevención” (hoy son muy diversas), que permita la elaboración e implementación de una política pública basada en evidencias.

El segundo es investigar el perfil de quienes están en mayor riesgo y contarlos de una manera válida, para luego desarrollar política pública y acciones preventivas focalizadas.

El año 2018 se realizó el primer conteo de niños en situación de calle y propusimos que se incluyera a los niños de barrios críticos que están expuestos al peligro de la calle, pero se nos respondió que no era posible en ese momento. Ahora tenemos urgencia.

La situación es grave porque miles de niños, niñas y adolescentes se encuentran viviendo en contextos de pobreza y vulnerabilidad en los barrios críticos del país. Si estimamos cifras, Atisba en 2017 señala que en 162 barrios críticos de la Región Metropolitana habitan más de 700 mil personas, y si usáramos como estimador el último Censo, podríamos señalar que 175 mil podrían ser menores de 18 años. Además, la Casen 2020 señala que el 22,9% de los niños, niñas y adolescentes sufren pobreza multidimensional, la cual afecta varias dimensiones de su desarrollo y una acumulación de privaciones que puede tener efectos negativos muy duraderos (Alianza Erradicación de la Pobreza Infantil, 2021).

Por lo tanto, es urgente reconocer la amenaza a las trayectorias vitales de los niños, niñas y jóvenes, desde la calle, sobre todo en los barrios críticos. Lo cual se agrava aún más por el avance del narcotráfico y la delincuencia. Sabemos que hay carteles y bandas instalados en Chile.

Hoy, que vamos a decidir sobre una nueva Constitución y hablamos de la infancia y juventud en un primer plano, debemos dar un nuevo paso, llevando con fuerza la prevención a las calles, uniendo al Gobierno, las empresas y la sociedad civil.