Una serie de episodios ocurridos en los últimos días da cuenta de que el Gobierno decidió involucrarse de lleno en la campaña del Apruebo, y en los hechos, contrariando anteriores declaraciones y los tibios llamados de la Contraloría a la prescindencia, el propio Presidente de la República, Gabriel Boric, y sus ministros son quienes han asumido el protagonismo, con el apoyo también de algunos alcaldes.

Los sucesos se repiten a diario y comprenden el video de un diputado que con total desparpajo hace alardes en La Moneda de una reunión de coordinación con el Gobierno para apoyar el Apruebo; el empleo de cuentas oficiales de entidades públicas y de autoridades en redes sociales, incluyendo la del propio Presidente, para favorecer a una de las opciones; la utilización de la campaña Chile Vota Informado con un fin abiertamente proselitista, que incorpora despliegue en terreno del Presidente y sus ministros, donde firman algunos ejemplares de la propuesta que reparten y ofrecen conferencias de prensa que tienden a favorecer al Apruebo; el plan Gas a Precio Justo sirve para que ministros entreguen personalmente los balones de gas en las casas, en una puesta en escena que recuerda los peores ejemplos de asistencialismo con fines electorales, entre muchos otros.

Así, desde el punto de vista político el resultado del plebiscito será también una evaluación de la gestión del Presidente Boric y de ganar el Rechazo, como apuntan hoy todas las encuestas, será en parte un fracaso personal que lo debilitará en su tarea de asumir un liderazgo en los caminos que se abrirán con posterioridad al 4 de septiembre.

Desde el punto de vista institucional, la situación es todavía más delicada, al quedar en evidencia que conductas de abierta intervención electoral pueden desplegarse con total impunidad. Más allá de las declaraciones de las entidades encargadas de controlar la prescindencia política del Gobierno en la campaña —incluidos los llamados de Contralorito en redes sociales—, los procesos abiertos son demasiado lentos y las sanciones, de producirse, no guardan relación con la gravedad del impacto que pueden tener las conductas. Y es que los costos de hacer una intervención electoral son bajos, y no sirven como desincentivo de la utilización del aparato estatal en las campañas políticas.

Es ampliamente reconocida la transparencia electoral de las votaciones en el país, que tiene en el Servicio Electoral uno de los mayores activos en los procesos democráticos. A ello se han ido sumando en los últimos años mayores regulaciones para el financiamiento privado de las campañas, y se han agregado cuantiosas sumas de financiamiento estatal. Aunque queda aún por avanzar en su fiscalización, los progresos son perceptibles y contrastan con la debilidad institucional existente para detener los casos de intervención electoral del Gobierno y las municipalidades.

La difícil tarea de gobernar

Lo anterior da cuenta también de la imprudencia de consagrar la reelección presidencial, como lo plantea la propuesta de nueva Constitución, sin hacerse cargo de las múltiples formas en que puede utilizarse el aparato del Estado con fines electorales. La experiencia de estas últimas semanas muestra así nuevamente la desconexión con la realidad de algunas de las normas del texto o de las decisiones adoptadas por la Convención. Piénsese, por ejemplo, en la eliminación del estado de emergencia, que el Gobierno está aplicando hoy en la zona sur y que se debate si debe o no extenderse a otros lugares.

También ha sido notorio esta semana el contraste entre la ofensiva por intervenir en la campaña y los desaciertos en la tarea más propia de un Gobierno, que es gobernar. Cabe mencionar la descoordinación entre Salud y Justicia que iba a dejar a las cárceles sin poder escanear a las visitas (y que se revirtió gracias a la protesta de los gendarmes); un descuido llevó a incumplir los plazos de promulgación de una ley; la mala gestión política incidió directamente en la caída del proyecto de infraestructura crítica, en que parte importante de los diputados de la coalición de gobierno no apoyó el texto; se frustra el nombramiento del embajador ya designado para el país que es nuestro principal socio comercial; el Ministerio de Educación hace un informe sobre el CAE con severas fallas metodológicas; se atrasa el pago a los nuevos beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU); la suspensión del director nacional de Migraciones por la Corte de Apelaciones de Concepción, tras la demora en responder un oficio; la confusión respecto de una eventual alza de las tarifas del transporte público el próximo año, entre otros equívocos.

Cabe esperar una pronta y profunda rectificación en el actuar del Gobierno, de forma que reconduzca sus esfuerzos en el difícil cometido para el cual fue elegido. El período que le ha tocado enfrentar exige alcanzar acuerdos, sumar distintas voluntades y no transformarse en una fuente de división. El desandar este camino va también en el propio beneficio del Presidente Gabriel Boric, que recién comienza una gestión que debiera trascender este resultado electoral. Y es que confundir los planos tiene costos para el país, pero también para el Gobierno.