El deterioro de la economía nacional es evidente. La suma de la expansión del gasto público producto de la pandemia y los efectos de la guerra en Europa sostiene la inflación por sobre los dos dígitos. La histórica depreciación de nuestra moneda continuará contribuyendo al fenómeno. Se agregan las expectativas de una importante desaceleración de la actividad durante los próximos meses y buena parte del 2023, producto de una inmensa incertidumbre institucional.

Frente a tal escenario, la administración del Presidente Boric, cuyo programa es una de las causas de tal incertidumbre, ha propuesto la concesión de un bono extraordinario de invierno para aliviar a parte importante de la población de las contingencias. En principio, esta transferencia debería beneficiar a más de 7,5 millones de personas, con un pago de $120.000 por persona (y para cada carga), ubicando su costo total en torno a los 1.200 millones de dólares.

Desde un punto de vista técnico, la propuesta suscita distintos reparos. Desde luego, medidas de esta amplitud generan nuevas presiones inflacionarias, como de alguna forma lo reconoció hace algunas semanas el propio Presidente, cuando descartó la idea de entregar un IFE de invierno, como pedían parlamentarios. Por lo mismo, sorprenden ahora las declaraciones del ministro de Hacienda, en cuanto al mínimo impacto que este anuncio tendría sobre la inflación. Tal visión podría justificarse si se tratara de una ayuda focalizada en los hogares más vulnerables, pero no en un proyecto que inyecta en la economía recursos equivalentes a un 0,4% del PIB en un cortísimo plazo. Tales dichos se suman así a los de otras autoridades que en distintos ámbitos —por ejemplo, a propósito del impacto de la reforma tributaria en los arriendos o del efecto del alza del dólar sobre la población— han parecido obviar el modo en que funciona una economía moderna.

Un segundo reparo guarda relación con la fuente de recursos que permiten implementar un programa de tal magnitud. De acuerdo con lo declarado por la autoridad, el financiamiento no provendría de ajustes presupuestarios de programas ineficientes o mal evaluados, sino de ingresos originados por los “mejores resultados de la Operación Renta”. De este modo, frente a inesperadas circunstancias de una mayor recaudación, Hacienda ha dejado pasar la oportunidad de dar una señal potente, reduciendo el importante déficit que acarrea el gobierno central. Esto podría haberse configurado a partir de un programa de apoyo financiero de verdad focalizado y destinando el remanente de los recursos a recobrar los equilibrios fiscales. Tal opción podría haber contrarrestado los fundamentos que sustentan la mayor inflación y depreciación del peso.

Pero, además, por este camino, el Gobierno alimenta una estrategia de política pública basada en grandes transferencias incondicionales que, en el pasado reciente, alimentaron el populismo legislativo. Un bono extraordinario para más de 7,5 millones de personas es un precedente delicado, pues puede alentar el apetito político respecto de continuar con otras iniciativas de gasto que no hacen más que acelerar el proceso inflacionario. Lo anterior cobra mayor importancia si se considera el posible uso político de este tipo de medidas, dado el plebiscito del próximo 4 de septiembre. La experiencia indica que la idea de implementar un “bono extraordinario, por una sola vez”, como plantea el artículo 1 del proyecto de ley, puede dar pie a una dinámica peligrosa, más aún cuando el mismo gobierno ha dado continuas muestras de su inclinación por la opción Apruebo, pese a su deber de prescindencia.

En definitiva, esta medida aparece como inconsistente con el discurso de responsabilidad fiscal que con tanta insistencia ha sostenido esta administración. Existían mejores alternativas de apoyo que no hubiesen significado alentar el mayor problema social que hoy sufren las personas: la inflación. En la tarea de enfrentarla, no debe ser solo el Banco Central quien haga esfuerzos extraordinarios. Por eso, la responsabilidad fiscal no se anuncia, sino que se practica en todo tipo de iniciativas. Las desviaciones respecto de esta regla explican parte de nuestra actual debilidad económica.