Chile es miembro pleno de la OCDE desde 2010. Y reconozcámoslo: nos encanta. Ya que —al menos en el papel— somos parte de ese selecto club de 38 Estados, los más avanzados, libres y abiertos del mundo, y nos gusta comparar nuestras cifras e indicadores con el promedio de la OCDE. Así, este se transforma en la validación técnica para llevar a cabo ciertas políticas públicas, como la recaudación tributaria.
El Ministerio de Hacienda ha insistido en que la brecha en recaudación tributaria de Chile versus el promedio OCDE es de ocho puntos del PIB, pero esa cifra es bastante discutible. De hecho, la misma OCDE plantea la necesidad de efectuar correcciones a esa comparación. Hay estudios que calculan la mencionada brecha en solo un 2% del PIB, estableciendo además que nuestra actual carga tributaria supera al promedio de países latinoamericanos en 6,5 puntos (Larraín y Perelló, 2022). ¿Y a quiénes nos parecemos más, al promedio OCDE o a nuestros vecinos en Latinoamérica? ¿Con qué países competimos por atracción de inversiones?
Varios factores influyen en las decisiones de inversión para proyectos potencialmente rentables: carga tributaria, complejidad y tiempos de tramitación de permisos, institucionalidad y respeto al Estado de Derecho, certeza jurídica y leyes sectoriales, entre otros. Si quisiéramos acercarnos al estándar de la OCDE en recaudación, sin impactar negativamente la inversión, entonces debiéramos tener como objetivo el promedio OCDE para todas esas materias, no solo la carga tributaria.
Respecto de la burocracia y tiempos de tramitación de permisos, Chile ocupa un triste primer lugar dentro de la OCDE en mayor complejidad regulatoria (OCDE, 2018). Existen en nuestro país más de 400 permisos necesarios para el desarrollo de proyectos de inversión, distribuidos en más de 50 instituciones públicas; en promedio, cada proyecto en Chile requiere de la obtención de 149 permisos para comenzar a operar (CNP, 2019). Los tiempos de tramitación de permisos en Chile demoran más del doble que en cualquier otro país latinoamericano: 57 meses para proyectos mineros, 40 meses en energía, 32 meses en carreteras y 47 meses en otras industrias (BID, 2018).
Seguir las recomendaciones de la Comisión Nacional de Productividad para reducir administrativamente los plazos y simplificar procesos regulatorios sería claramente un avance para mejorar la competitividad de Chile como destino de inversión. Se avanzó durante los últimos años en estas temáticas, pero todavía queda un largo trecho por recorrer. Se requiere un acuerdo nacional proinversión, con leyes y normativas destinadas a facilitar una inversión moderna, lo cual ha estado ausente en el debate reciente. Con la reforma tributaria presentada, esto es urgente.
El respeto al Estado de Derecho, resguardo de la propiedad y seguridad para poder desarrollar proyectos y actividades productivas, tan propios también de los países OCDE, constituyen elementos críticos para disminuir los riesgos de invertir. La aprobación del conjunto de leyes que buscan modernizar y fortalecer la seguridad en Chile es fundamental para el desarrollo social y económico. Esto no puede seguir postergándose, menos aún con la reforma tributaria recién presentada.
Finalmente, la arquitectura jurídica y reglamentaria debe ser capaz de brindar certezas a la inversión. Proyectos con procesos de evaluación ambiental terminados y permisos sectoriales resueltos no debieran estar sujetos a instancias de aprobación o revisiones políticas posteriores. Asimismo, para minimizar los riesgos a la inversión, es deseable que las legislaciones tributarias, laborales, ambientales, de propiedad y de resguardo patrimonial, estén sujetas a la mayor invariabilidad posible. En la OCDE estas normativas son prácticamente permanentes.
Los incentivos a la inversión incluidos en la reforma tributaria son muy débiles y no logran compensar el alza de impuestos; es necesario hacer mucho más. No podemos tener impuestos europeos sin seguridad ni certeza jurídica equivalentes. Es tiempo de tomarse en serio el futuro de la inversión en Chile, pues ya está moribunda.
Lucas Palacios Covarrubias
Exministro de Economía, Fomento y Turismo
