Contiene 481 páginas el comparado del informe que comenzará a votar hoy el pleno de la Convención, proveniente de la comisión de Armonización, en el que se formulan una serie de indicaciones que apuntan a mejorar la redacción del borrador de nueva Constitución y plantea alternativas a eventuales “inconsistencias o incongruencias”.

Ante la extensión del texto a deliberar es que la mesa del órgano citó a tres días de votación, es decir, desde hoy hasta el jueves. Además, está la posibilidad de que algunos sectores soliciten votación separada en cada una de las casi 500 enmiendas a analizar. Se trata del último trabajo que resta al órgano antes de la ceremonia del 4 de julio, en la que presentarán el texto al Presidente Gabriel Boric.

La votación de hoy llega precedida de un informe que contó con un acuerdo entre los colectivos de izquierda y centroizquierda para la mayoría de los temas a deliberar. Es por eso que varios prevén que se apruebe buena parte del texto. “Los principales acuerdos y la totalidad de ellos ya están consolidados. Se van a aprobar todas o casi la totalidad de las normas armonizadas”, afirmó Marcos Barraza (PC), algo en lo que coinciden en otros colectivos del sector.

Así, uno de los ejes centrales del informe será la reducción de artículos: de los 499 que contenía el borrador original a un total de 387, de visarse la propuesta completa. “Se revisó cada artículo e inciso para ver si había duplicidades e incoherencias, con insumos de la secretaría técnica y expertos”, explicó Tammy Pustilnick (INN), quien fue coordinadora de la comisión.

Lo que estaría en duda

Los nudos que detectan convencionales aparecen a la hora de analizar algunos artículos en que se eliminaron palabras clave o en el cambio de algún concepto. Por ejemplo, convencionales de centroizquierda e izquierda reconocen tener incerteza de si se aprobará una indicación que elimina los conceptos de “persecución y sanción de los delitos” en el artículo sobre el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia.

La norma original respaldada por el pleno planteaba que “es deber del Estado proteger en forma equitativa el ejercicio de este derecho a todas las personas, a través de una política de prevención de la violencia y el delito”, y en su segundo inciso añadía que “las acciones de prevención, persecución y sanción de los delitos, así como la reinserción social de las personas condenadas, serán desarrolladas por los organismos públicos que señalen esta Constitución y la ley”.

En cambio, la nueva redacción aprobada por la comisión suprime dichos conceptos, porque, según explicó Pustilnick, “ya se encuentran consagradas las menciones a la prevención, persecución y sanción del delito en las normas del Ministerio Público, y de los derechos de las personas privadas de libertad”.

Sin embargo, para Ruggero Cozzi (ind.-RN), con esto “se limita este derecho solamente a la función preventiva del Estado en materia de seguridad ciudadana. Eso es un error, y una falta de empatía enorme con las víctimas de la delincuencia”.

A esa indicación también se suman las dudas con la norma que refiere a la imparcialidad de los jueces: en su versión original mencionaba que estos, “en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley”, lo que fue reemplazado por que “en sus resoluciones solo están sometidos al imperio del derecho”.

“Esos dos son los casos en los cuales hay discusión sobre si debería preferirse la versión armonizada o la original”, reconoció el convencional Fernando Atria (FA). “En todos los demás, que son cerca de 500 indicaciones, hay un acuerdo que creo va a sostenerse”, agregó.

En la misma línea, Claudio Gómez, del Colectivo Socialista, dijo que “hay algunos artículos aislados que han generado cierta duda en algunos convencionales, como lo relativo a la normativa de seguridad o al imperio y facultades de los jueces”.

Sobre esta segunda indicación, Cozzi criticó el cambio propuesto: “La ley es garantía de imparcialidad e igualdad. Jueces con demasiado margen para ponerse creativos en sus fallos provoca incerteza jurídica y, a veces, activismo político”.

En tanto, convencionales señalan que, aunque en menor grado, se mantienen dudas en torno a la indicación que busca solucionar la polémica sobre la posible incoherencia entre la norma que hablaba de consulta indígena con otra que, en cambio, exigía un consentimiento indígena. Un acuerdo de la comisión propuso fusionar los incisos en que se refería a esta última, buscando “acotar” su interpretación.

“El consentimiento previo se encuentra dentro del capítulo de Estado regional, entonces ya lo enmarcamos en el ámbito de las entidades territoriales. La decisión fue que esto no era incompatible ni una reiteración, sino que se establece para ámbitos distintos”, aseguró Pustilnick.

“Estas normas de consulta y consentimiento son dos derechos que funcionan de manera distinta de acuerdo al Convenio de la OIT. En el caso del consentimiento, son casos muy calificados. Por ejemplo, el desplazamiento forzado de las tierras”, comentó Elisa Loncon (mapuche) en una transmisión de Laneta.

Cuatro séptimos

Pese a generar controversia en su momento, se espera que el pleno apruebe la propuesta de fijar un quorum permanente de 4/7 para reformar la nueva Constitución. En esta redacción se emuló la propuesta que aprobó la Convención para el caso de la reforma transitoria, manteniendo la exigencia de un plebiscito en caso de “alterar sustancialmente” ciertas materias protegidas (sistema político, forma de Estado y derechos fundamentales, entre otras), aunque dejando fuera el capítulo de Naturaleza y Medioambiente que sí considera la disposición transitoria.

“Los 4/7 para reformas creemos que es algo que se va a aprobar, fue un acuerdo de la comisión”, dijo Atria.

Desde Pueblo Constituyente, Ingrid Villena aseguró que en su colectivo no tienen reparos: “Una de las misiones de la comisión era llenar las incongruencias y vacíos, y por eso se toma la decisión de llenar el quorum y hay un acuerdo transversal”.

Entre algunos grupos, eso sí, advierten que las indicaciones que se rechacen podrían generar que los artículos originales a los que aluden queden “aislados” dentro del texto constitucional, fuera de los capítulos en los que se propone integrarlos. “Cada artículo e inciso tiene un número de identificación, y como refundimos varios artículos en uno, que se caigan o se rechacen es peligroso, porque si no, volverían a la posición original del borrador y, por ende, podría quedar fuera de algún capítulo”, manifestó Villena.