Signo de intolerancia, las iracundas reacciones de la izquierda radical contra el movimiento Amarillos por Chile este fin de semana han sido también reveladoras de su contrariedad frente a la decisión de ese grupo de apoyar la opción Rechazo. A descalificaciones como las de quienes los han llamados “rastrojos de centroizquierda”, se ha sumado un ejército de bots concentrados en atacarlos en las redes sociales, repitiendo la acusación de “pinochetistas”, absurda para referirse a un movimiento que incluye entre sus filas a exiliados y figuras que fueron protagónicas en la oposición al régimen militar. Y es que es precisamente eso lo que parece indignar a la izquierda más dura: el constatar que un grupo relevante de ciudadanos se ha levantado en contra de sus intentos por imponer un chantaje maniqueísta en torno al plebiscito de septiembre próximo.

En efecto, tal vez el principal aporte que ha representado la irrupción de los “amarillos” sea el de desafiar las caricaturizaciones con que se intenta eludir la que debiera ser la cuestión central en debate, esto es, los deficientes contenidos del texto elaborado por la Convención. En las “alertas” que ha venido formulando desde hace meses y en la fundamentación de su anuncio, el grupo ha identificado certeramente un conjunto de elementos que, conforme sus principios democráticos, tornan inaceptable la propuesta constitucional. Entre ellos, un sistema político que debilita los frenos y contrapesos propios de una democracia; una redefinición institucional de la justicia que exacerba la politización y compromete su independencia; la introducción de un concepto de plurinacionalidad ajeno a nuestra realidad y nuestra historia, que desconoce la igualdad fundamental entre los chilenos; la fragilización de las bases para la inversión y el progreso, y la minimización de la capacidad del Estado para enfrentar la violencia y garantizar la seguridad pública.

En cada una de esas áreas, los convencionales han privilegiado fórmulas —como el fin del Senado, la conformación de un todopoderoso Consejo de la Justicia, la creación de autonomías territoriales, el debilitamiento del derecho de propiedad o la eliminación del estado de emergencia— que han sido objeto de crítica severa, no solo entre especialistas, sino en un amplio espectro político originariamente partidario del cambio constitucional. Se ha pretendido sin embargo neutralizar aquellas voces imponiendo una suerte de llamado ancestral, la idea de que, cualesquiera sean los problemas del texto, más importante sería el triunfo político que representaría su aprobación. Contra la ya olvidada promesa de construir “la casa de todos”, la convocatoria es ahora a situarse “en el lado correcto de la historia”, esto es, junto a la propia “tribu”, por más que ello signifique hacer vista gorda respecto de contenidos constitucionales que repugnan las propias convicciones. El “aprobar para reformar” —de dificultad ímproba, por los candados que la Convención introdujo a su texto, incluidos la realización de plebiscitos y consultas indígenas— parece así, antes que un compromiso con viabilidad de cumplirse, una confesión resignada frente a una propuesta insatisfactoria.

Tal estrategia es la que resulta frustrada cuando un grupo de figuras de indubitada centroizquierda se atreve a hacer valer sus propias visiones y a explicitar su rechazo. El libreto que buscaba dividir artificialmente a los chilenos entre supuestamente virtuosos partidarios del cambio y oscuros defensores del propio interés empieza así a resquebrajarse, revelando el fracaso de una Convención que no logró cumplir el mandato de proponer una Carta capaz de propiciar el reencuentro entre los chilenos. Finalmente, también queda de este modo en evidencia la lamentable situación de los partidos tradicionales de la centroizquierda, que, formalmente alineados en el apoyo a un texto en el que no creen, se muestran así incapaces de representar a su propio sector político.