La tramitación legislativa del proyecto de ley fintech ha favorecido un debate de alto nivel técnico, con participantes de diversos grupos de la sociedad y con aportes de todos los sectores políticos, subrayando el rol que pueden tener estas entidades en materia de inclusión financiera y competencia en el sector.

Desde el Ministerio de Hacienda presentamos recientemente un paquete de indicaciones que fortalece aún más el proyecto. En este se recogen las propuestas promovidas en audiencias ante el Congreso, y se plasma el trabajo efectuado en una mesa técnica constituida con asesores parlamentarios de todos los integrantes de la comisión de Hacienda del Senado y el apoyo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

A lo largo del proceso, hemos visto cómo varias de las legítimas dudas levantadas en la discusión parlamentaria han sido resueltas, con base en antecedentes técnicos sustentados en la experiencia internacional, local y en el trabajo desarrollado para la elaboración de este proyecto. Es el caso, por ejemplo, de ciertas aprehensiones promovidas en materia de protección de datos, a propósito de la creación de un sistema de finanzas abiertas.

Entre el Ministerio de Hacienda, la CMF y el Banco Central existe absoluto convencimiento de que el capítulo que aborda las finanzas abiertas ha definido altos estándares en materia de consentimiento y protección de datos, en línea con la legislación europea y el proyecto de ley de datos personales que se tramita con urgencia en la Cámara de Diputados. Es más, el proyecto de ley fintech en ocasiones contempla resguardos aún mayores: por ejemplo, en lo referido a la posibilidad de interrumpir el acceso a la información por parte de la CMF.

Además, la iniciativa hace una aplicación supletoria de nuestra legislación de protección de los consumidores y la vida privada, que deberá ser plenamente cumplida por las entidades participantes.

Pese a lo anterior, con sorpresa tomamos conocimiento de algunas indicaciones que dan cuenta de posturas que no han sido debatidas ni promovidas por ningún actor dentro de la discusión parlamentaria o extraparlamentaria. La eliminación del sistema de finanzas abiertas no ha sido sostenida ni aún por los más escépticos sobre los beneficios que trae consigo tal sistema. Es más, en la tramitación hemos observado la existencia de un acuerdo unánime sobre la necesidad de regular las finanzas abiertas que actualmente operan en Chile sin estándares regulatorios o de seguridad, dando lugar a conflictos judiciales y extrajudiciales por todos conocidos. Tales indicaciones constituyen un retroceso respecto de una política de Estado avalada por las dos últimas administraciones, y desconocen años de trabajo técnico y evidencia empírica.

Al retomar la discusión en particular, es importante recordar que esta iniciativa, con todos sus componentes, constituye una oportunidad para impulsar la economía, poner a Chile en la vanguardia de la economía digital, aumentar la competencia en el sector financiero, la innovación y, por sobre todo, la posibilidad de que un sector de la población, que se ha visto históricamente desatendido, pueda tener acceso a herramientas de ahorro, seguros y otros que mejoren su calidad de vida.

Alejandro Puente
Coordinador de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda.
Tomás Pintor
asesor del Ministerio de Hacienda