El reciente paro convocado por los sindicatos de Codelco a raíz de la decisión de cierre de la refinería de Ventanas ha vuelto a poner de relieve las dificultades estructurales que plantea el manejo de las empresas públicas.

Se trata de un problema ya históricamente advertido: probablemente haya que remontarse al siglo XVII, cuando en Francia el ministro Jean Baptiste Colbert propició el establecimiento de fábricas estatales, las cuales recibieron fuertes críticas de intelectuales de la época, al observarse la falta de incentivos en su operación y los malos manejos de que eran objeto. A partir de ahí —por cierto, con excepciones— han sido múltiples y variados los ejemplos en que la corrupción, la ineficiencia y, en definitiva, la ausencia de un verdadero criterio empresarial en su administración han marcado la tónica.

El caso de Codelco tiene algunas diferencias. Tratándose de la empresa más importante del país y de un actor global relevante, además de fuente de ingresos clave para el Estado, ha habido un esfuerzo sostenido por profesionalizar su gestión y fortalecer su gobierno corporativo, con un directorio autónomo, integrado por profesionales de alto nivel. En este sentido, sin embargo, el episodio de Ventanas arroja un balance contradictorio. Desde luego, cabe destacar la pertinencia del paso dado, bien justificado técnicamente y que supone aliviar la carga que, tanto en lo económico como en lo reputacional, significó para Codelco la decisión política que le impuso hace más de quince años hacerse cargo de esa operación.

Pero si ello resulta ampliamente positivo, el manejo del anuncio, donde al comunicado de la empresa siguió una estudiada intervención del Presidente de la República —acompañado por sus ministras de Medio Ambiente y Minería— para explicar la medida y vincularla con objetivos de su gobierno, terminó generando innecesaria confusión. En efecto, hoy no resulta claro para la opinión pública si la medida correspondió a una decisión autónoma del directorio o fue el resultado de la voluntad gubernamental. Ciertamente era importante que un paso así fuera coordinado y recibiera el apoyo de las autoridades; más aún, considerando la necesidad de una reforma legal que termine con la actual obligación de procesar en Ventanas los concentrados de la pequeña y mediana minería. Pero el protagonismo asumido por el propio Presidente y su gabinete ha tornado difusos —al menos en términos de percepción pública— los límites entre la autonomía de la empresa y la política gubernamental. Ello no solo podría sentar un precedente complejo, sino que además —como suele ocurrir con las empresas públicas— terminar politizando los problemas de Codelco, como de hecho ha ocurrido en parte en este caso.

Afortunadamente, se ha depuesto la movilización de los trabajadores y el conflicto debiera encauzarse por la vía de la mesa de negociaciones anunciada. Urgen, sin embargo, señales que despejen cualquier duda respecto de la autonomía de la empresa y su gobierno corporativo.