A un punto crítico parece estar llegando, en el caso de la previsión de salud, la incertidumbre que afecta a diversas áreas de la actividad en Chile. Las isapres, que han debido enfrentar por años un desvío importante de fondos hacia abogados litigantes que objetan sus alzas de precios —con lo que disminuye la disponibilidad de recursos para atender las necesidades de salud—, creían haber superado este grave problema. Sin embargo, después del acuerdo transversal que se alcanzó en el Congreso el año pasado, la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud ha objetado la aplicación de la nueva ley.

Al aparecer la pandemia de covid-19, declarada en marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, un grupo de diputados de todas las tendencias presentó un proyecto que suspendió toda alza en los precios de las isapres y extendió esa suspensión hasta 180 días después de que cesara el estado de excepción constitucional que se había decretado por la emergencia sanitaria. Durante su tramitación, el proyecto se fue perfeccionando y finalmente se aprobó por unanimidad la Ley 21.350, que establece un método riguroso para que las isapres puedan ajustar sus precios. Para ello, es la propia autoridad de la Superintendencia de Salud la encargada de recoger antecedentes técnicos objetivos, entre los cuales se hallan el costo efectivo de cada prestación, la frecuencia con que se han otorgado en el año y otros factores cuantitativos, para calcular el porcentaje máximo de reajuste permitido. Hecho el ejercicio por primera vez, se determinó que los costos de las isapres han experimentado un aumento superior al 30 por ciento en los últimos tres años. Tomando en cuenta todos los factores que llevan al cálculo de un indicador de costos de la salud, el Superintendente de Salud autorizó alzas de hasta un 7,6 por ciento. La mayoría de las isapres procedió a reajustar sus precios en esa magnitud.

No obstante, esto se ha dado en un contexto en que ya existe una verdadera industria de abogados dedicados a reclamar y hacerse de las costas de más de cien mil juicios anuales que ellos mismos propician. La tramitación de estos juicios es casi automática y precisamente ese fue uno de los motivos que llevaron a que la Corte Suprema se interesara por la tramitación de la ley que regula los aumentos de precios. Al parecer, sin embargo, la referida “industria” de litigios se niega a terminar: pese a la nueva normativa, solo durante abril más de 160 mil afiliados presentaron recursos de protección en las cortes de Apelaciones cuestionando las alzas de sus planes, los que han sido fallados de distintas maneras, y volverá a ser la Corte Suprema la que zanje el tema, con lo que la judicialización que quería evitarse ha vuelto a producirse.

Pero, además —y en paralelo a ello—, antes de que terminara mayo, más de 30 mil reclamos contra alzas de planes habían sido presentados ante la propia Superintendencia. Para sorpresa de las isapres, la Intendencia de Fondos y Seguros —parte de esa repartición— ha acogido a esta fecha unos 8 mil, bajo el argumento de que las isapres no habían entregado los fundamentos de dichas alzas. Aún faltan varios pasos antes de que se resuelvan los reclamos, pues las aseguradoras pueden pedir la reposición y si el intendente insiste en sus puntos de vista, podrán ellas recurrir al superintendente, que es quien tiene la palabra final. Pero, aun así, las isapres podrían acudir a los tribunales.

Como se ve, el arreglo al que se había llegado luego de diez años de litigios parecería no estar cumpliendo con su objetivo y extendiendo la amenaza a la subsistencia de un sistema que se encuentra cuestionado por el proyecto de nueva Constitución y por los malos resultados financieros luego de los años de pandemia. En efecto, los peores resultados que han obtenido esas compañías son los de los años recientes y si nuevamente, pese al aumento de costos comprobado por el regulador, se ven enfrentadas a congelar sus precios, aunque no tuvieran que financiar a cientos de abogados, la continuidad del sistema quedaría muy cuestionada. La situación podría constituir un riesgo no solo para los afiliados, sino para todos los chilenos, que podrían ver un aumento explosivo de usuarios del sistema público.