Señor Director:

La importancia de la planificación para el desarrollo urbano no admite dudas. Chile ha tenido un lamentable déficit en ello. Por diversas razones, nuestros instrumentos no logran anticiparse suficientemente, se actualizan tardíamente o son vulnerados, a veces utilizando irregularmente excepciones legales.

Una de ellas es el DL 3.516. Aunque el texto dispone que las subdivisiones no podrán tener destino habitacional y algo similar se desprende del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que prohíbe conformar núcleos urbanos al margen de la planificación, las parcelas de agrado se han multiplicado. Solo en 2021, el SAG recibió más de 19 mil solicitudes de subdivisión.

Causas para este fenómeno hay variadas: el deseo de muchas familias por residir fuera de las ciudades, la búsqueda de una segunda vivienda, la inversión inmobiliaria o la dificultad para encontrar sitios o viviendas en la zona urbana.

Sin embargo, esto no resulta sostenible. Cada parcelación de 200 o 300 lotes implica, habitualmente, una pérdida de tierras agrícolas, con impacto futuro en la provisión y costo de los alimentos y una extensión inorgánica del radio urbano decidida por privados, que genera, a mediano plazo, requerimientos de servicios municipales y estatales, contaminación, aumento de la demanda de agua y, en general, un deterioro de la calidad de vida. En casos extremos, se derivan nuevas subdivisiones, bajo la irregular figura de las ventas de derechos o acciones.

Es imprescindible adoptar medidas que eviten dichas externalidades y que reafirmen la planificación basada en el bien común, en la eficiencia en el uso de recursos naturales escasos y en la convicción de que las ciudades son un derecho y una construcción colectiva y no la mera agregación de decisiones individuales.

Carlos Montes
Ministro de Vivienda y Urbanismo