Hace algunos días, el pleno de la Convención aprobó incluir en el borrador constitucional el deber del Estado de asegurar la “soberanía” y “seguridad” alimentarias. Para esto, “promoverá la producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación sana y adecuada, el comercio justo y sistemas alimentarios ecológicamente responsables”.

No se trata de conceptos nuevos. En la antigua Grecia era habitual propiciar la “autarquía” como un fin político y económico deseable. El desarrollo de la humanidad, sin embargo, ha ido a la par con una progresiva interdependencia entre las naciones —como ya observaba David Ricardo a principios del siglo XIX—, fenómeno que derivó en la actual globalización. Así, los países se han beneficiado del comercio exterior, aprovechando sus ventajas para la producción de ciertos productos y adquiriendo los otros a quienes a su vez pueden producirlos más eficientemente.

Aquello, una base del progreso moderno, ha enfrentado dos tipos de objeciones. Una, la idea de que existirían ciertos bienes “estratégicos”, donde la dependencia de un proveedor externo podría resultar riesgosa, planteamiento que ha vuelto a adquirir actualidad con la guerra en Ucrania. Se trata de un punto a considerar con pragmatismo, pero donde probablemente las mejores respuestas van por el camino de diversificar los proveedores, antes que renunciar a las ventajas del intercambio. Otra categoría de cuestionamientos tiene un cariz ideológico, de rechazo a la globalización y reivindicación de políticas proteccionistas, ya sea en nombre de las viejas banderas de la “política industrial” o idealizando “lo originario” como solución a los problemas de la modernidad.

Parece evidente que son estas perspectivas ideologizadas las que dominan entre los convencionales y subyacen a lo aprobado, en una línea que también exalta la producción a pequeña escala y el resguardo de las semillas tradicionales, sin mayor atención a su real capacidad para atender las necesidades de la población. Por cierto, nuestra región conoce de experimentos de este tipo. Baste recordar que en 2007 Hugo Chávez le anunció a Venezuela el objetivo de alcanzar la “soberanía alimentaria”, con un plan que aumentó el peso del Estado en todas las áreas de la producción y distribución de alimentos, mediante la expropiación y control de empresas. Fue un absoluto fracaso.

En efecto, la pretendida soberanía alimentaria suele significar mayores precios para los consumidores, afectando su acceso a productos de primera necesidad. Estas políticas también limitan las opciones de los productores, privándolos de llegar a los grandes mercados y generando un uso ineficiente de los recursos. Al respecto, no debe olvidarse que, tras décadas de estancamiento, nuestra agricultura solo volvió a desarrollarse con fuerza cuando Chile se abrió al comercio exterior. Renunciar a ello no solo empobrecería al país, sino que lo privaría así de recursos para enfrentar con eficacia desafíos como el cambio climático y la protección ambiental.