Aumentan las inquietudes de variados sectores nacionales y extranjeros sobre el futuro de la política comercial de Chile. Sorprendió el anuncio del subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de una consulta para “analizar y definir futuros tratados o sus actualizaciones”, agregando que “establecer el tipo de política comercial que se quiere para Chile dará legitimidad social y mayor certeza a los inversionistas”. Conocida es su posición crítica respecto del libre comercio e inversión extranjera. La sostiene en sus trabajos académicos, influyentes en sectores como la plataforma “Chile mejor sin TLC”, donde participaron destacados miembros del Gobierno.

Los mencionados dichos crean confusiones. No parecen ser simples errores comunicacionales, incrementan incertidumbres y registran descoordinaciones entre las autoridades y divisiones en el oficialismo. También dan cuenta de la marginación del ministro de Hacienda en un tema fundamental por sus repercusiones en cerca de la mitad de la economía, y por la participación formal de su cartera en las negociaciones comerciales. Inquietantes son los implícitos cuestionamientos de la apertura comercial y legitimidad de los tratados vigentes, participativos en su negociación, debatidos y aprobados por el Congreso Nacional.

Ante el desasosiego, las autoridades han debido clarificar los dichos del subsecretario. La canciller, consciente de la sensibilidad del tema, afirmó que las consultas serán acotadas y no vinculantes, “insumos” para la formulación de políticas; que las decisiones finales corresponden al Presidente; que no se pretende modificar unilateralmente acuerdos suscritos, sino actualizarlos.

Los acuerdos comerciales y sobre inversiones extranjeras determinan las reglas del intercambio internacional de Chile, su competitividad, inversión, financiamiento externo, inserción política y comercial con 65 economías. Los debates y anuncios sobre estos tratados requieren prudencia, pues repercuten en más de 8 mil compañías exportadoras, que ofrecen más de un millón doscientos mil empleos directos, a los que se agrega otra cantidad significativa de trabajadores y proveedores que también dependen del grado de apertura al comercio exterior. Este es determinante para el desarrollo y para un elevado porcentaje del PIB, innovación, acceso a avances tecnológicos y científicos, y para las legítimas oportunidades de bienestar de la población.

Siempre es razonable mejorar las consultas e intercambiar opiniones con los sectores afectados por una regulación, pero ello no debería paralizar la culminación de acuerdos técnicamente concluidos, como los celebrados con la Unión Europea y el TPP11. Sería asimismo inconveniente detener las negociaciones, muy avanzadas, con la India, Nueva Zelandia y Australia, Emiratos Árabes, Corea del Sur y la Alianza del Pacífico, entre otros. Las postergaciones restan competitividad a trabajadores y empresas nacionales en beneficio de las extranjeras.

Deseable es reconocer los límites de las preferencias personales de los funcionarios públicos, y conveniente para el interés nacional respetar las fronteras de la diplomacia pública en materias sensibles de la política exterior.