El plebiscito del 4 de septiembre será mucho más que el momento del pronunciamiento ciudadano sobre el proyecto de Constitución que entregue la Convención. Luego de un largo período de confusión, del cual los devaneos político-constitucionales han sido una expresión hasta bochornosa, llegaremos a un cruce de caminos en el que tendremos que hacer opciones esenciales acerca de cómo concebimos nuestra convivencia y cuál es el futuro que deseamos para Chile.

En tal contexto, no poca gente teme que se genere un escenario de polarización, pero ello no tendría por qué constituir un riesgo si se desarrolla dentro del marco legal, y si además se entiende como un paso necesario para despejar el futuro mediante el sufragio. Es indispensable escoger una ruta de superación de la incertidumbre, que reduzca la inestabilidad institucional y que, en lo posible, favorezca la recuperación económica y las perspectivas de avance social. Hay que abogar por la racionalidad y el civismo en el proceso plebiscitario.

No queda sino reconocer que la Convención fue un mal experimento, lleno de equívocos. Como sabemos, surgió del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, cuando el gobierno y el Congreso creyeron que, frente al vandalismo y la amenaza del caos, lo más apropiado era elaborar una nueva Constitución, vale decir, ¡ponerlo todo en discusión! Fue un error descomunal, agravado por la fórmula indolente de crear un segundo Parlamento con un sistema electoral ad hoc. Ningún partido se atrevió entonces a plantear reservas sobre sus posibles consecuencias. Había que partir por evaluar la calidad de la democracia que teníamos, y precisar luego lo que se quería cambiar, pero eso no ocurrió. Los partidos no vieron, o no quisieron ver, el largo camino de construcción del Estado de Derecho. Actuaron como si el país pudiera convertirse en laboratorio, con todos nosotros adentro, por supuesto.

No hemos olvidado el discurso entre redentorista y oportunista que buscó convencernos de que el país, por ser supuestamente tan defectuoso, había recibido el castigo que merecía en octubre de 2019 y que, por lo tanto, tenía que ser remodelado desde los cimientos. Era el modo de expiar los pecados de una transición impura, pero también de corregir una historia equivocada. El resultado del desvarío habla por sí solo. Ahí está el protagonismo de la izquierda experimentada en demoliciones.

Necesitamos recuperar el sentido de orientación. Fue disociadora la experiencia de la Convención, pero quizás, por la vía del contraste, podría aportarnos algunas enseñanzas sobre asuntos cruciales que han estado tapados por la agitación sectaria y los actos de amedrentamiento. Debemos defender la unidad de la nación. No hay varias naciones dentro de Chile. No podemos aceptar la creación de un archipiélago de entidades autónomas que ponga en riesgo la cohesión del Estado. Tenemos que oponernos a las cuotas de raza que, con fines partidistas, se busca imponer en todos los órganos de poder. Hay que sostener firmemente la igualdad ante la ley.

Sin habérselo propuesto, la Convención contribuyó a configurar crudamente la amenaza autoritaria ante nuestros ojos, lo que ha permitido que valoremos mejor la cultura de la libertad, y estemos más conscientes del riesgo de perderla si actuamos de modo negligente. No podemos flaquear en la defensa de los fundamentos de la democracia liberal. Ello exige que todas las fuerzas políticas reafirmen el compromiso con sus normas y procedimientos.

Debemos precisar qué proponemos cambiar en la vida nacional, y no vacilar en proteger aquello que consideramos que debe ser conservado. Hace falta corregir muchas cosas, pero también cuidar muchas otras. Y hacerlo con sentido nacional, lo que exige dialogar y establecer amplios acuerdos. Es vital que la política recupere altura y respetabilidad.

Como está a la vista, Chile no se dejará refundar. Ese es el único punto de partida realista para encauzar el debate acerca del modo de renovar el pacto constitucional, tarea respecto de la cual el Congreso debe retomar sus deberes con la mayor dignidad posible. No hay que elegir otra Convención. Ya fue suficiente con una. Y será mejor no alentar nuevos malentendidos con la afirmación de que la Constitución vigente quedó superada o “murió” en el plebiscito de entrada. Es como decir que no tenemos Constitución. O que el Presidente y el Congreso recién elegidos son ilegítimos. El texto vigente no ha sido derogado: es el terreno firme que pisamos. Tenemos que actuar de acuerdo a esa legalidad incluso para cambiarla.

Si el Gobierno sigue actuando como si el proyecto de la Convención fuera “la Constitución de Boric”, pagará forzosamente las consecuencias: el juicio ciudadano será también sobre su gestión.