En noviembre de 2019 se inició un inédito proceso constituyente, con una rápida reforma constitucional que permitió un plebiscito con amplia participación y un abismante triunfo por la opción que permitía, después de tantos años, cambiar la Constitución.

Nos inundó el optimismo, poder pensar un contrato social, la casa de todos, unir al país.

Se hablaba de terminar con el estado subsidiario, subyacente en la Constitución vigente.

Pensábamos que esa mayoría que se manifestó también lo era para plasmar, en el nuevo texto, que Chile será un estado social y democrático de derecho.

Pero, sometido a votación, el pleno de la Convención lo rechaza. ¿Y quiénes votan en contra? Sin causar sorpresa, la derecha. Pero también constituyentes de la Lista del Pueblo y de pueblos originarios.

¡Esto sí que sorprende!

Y más aún los fundamentos, de redacción, incorporar el concepto de garante.

¿Qué más garantía que consagrarlo expresamente?

Acaso “el estado subsidiario” está en un artículo constitucional? No.

Está implícito e irradia sus efectos a lo largo del articulado vigente. Sorpresa y decepción.

Porque en medio de las discusiones creíamos que ese concepto de estado social y democrático de derecho era transversal. Muchas constituciones lo consagran, en particular, aquellas de Estados que miramos como referentes en cuanto a la protección social.

Aún puede reponerse y mejorar su redacción. Pero el punto es que esa intransigencia es la que molesta. Que faltaran 3 votos, que terminan imponiéndose y dejando fuera una norma que por evidente no es menos necesaria.

Esa norma a nivel constitucional será el marco para consagrar como derechos la salud, la educación, la seguridad social, aquellos derechos que hasta hoy se han mercantilizado. Y que después el legislador podrá implementar en mayor o menor medida —y con las distinciones que corresponda— a través de políticas públicas que hagan realidad lo que chilenos y chilenas esperan del Estado.

Apoyo real para quienes no pueden satisfacer sus necesidades esenciales, con políticas públicas eficientes y amplias.

Dejar atrás la subsidiariedad y reemplazarla por la solidaridad. Eso no solo será un cambio constitucional, sino también cultural.

El sabor amargo de la votación de este artículo es ese: parece primar el interés de unos pocos por sobre la mayoría, no solo de los constituyentes, sino de millones de ciudadanos que votaron por una nueva Constitución y que marcharon pidiendo educación, salud, viviendas dignas, pensiones dignas y que esperan que el Estado, ahora sí, pueda responder a esas necesidades.

No los decepcionemos.

Paulina Vodanovic