Señor Director:

En la edición del pasado 2 de marzo el futuro ministro de Transportes manifiesta su disposición de apoyar la Ley CATI, que tiene por propósito aumentar las exigencias de “seguridad vial” tanto en carreteras como vías urbanas. Es indudable que cualquier esfuerzo que se haga al respecto será bienvenido, dadas las altas tasas de accidentabilidad que todavía se registran en Chile. Por ello nos sumamos a las diferentes organizaciones académicas, de propuestas de políticas públicas y sociales para su pronta aprobación.

Sin embargo, no debemos olvidar que esta ley solo se refiere a la seguridad vial y no a la seguridad de las personas, automovilistas y transportistas de carga que utilizan nuestra red vial y que son asaltados recurrentemente en ellas. La responsabilidad por la seguridad pública es de las autoridades a cargo de ese tema y no de municipios, dirección de vialidad del MOP o concesionarias.

Sería importante aprovechar este impulso para coordinar esfuerzos que, junto con avanzar en seguridad vial, doten a nuestra red de caminos de las seguridades a los usuarios desde el punto de vista delictual.

Carlos Cruz
Director ejecutivo Consejo de Políticas de Infraestructura