Se ha insinuado que el poco espacio que tendrían los sectores de derecha para expresar sus puntos de vista en la Convención sería de su propia responsabilidad. Ello por haber defendido una Carta Fundamental que, a su vez, habría consagrado una visión particular y, mediante esta vía, excluido a otros del debate público. Es un argumento que descansa fundamentalmente en declaraciones de una persona influyente en la redacción de la Constitución de 1980 y en disposiciones particulares de ese cuerpo legal. Claro que gran parte de ellas han sido luego modificadas y otras podrían haberlo sido en el futuro, toda vez que dicho cuerpo legal ha demostrado bastante porosidad en el tiempo. Por supuesto, esto es poco relevante ahora que se está redactando una nueva Constitución.

No lo es, sin embargo, que algunos sectores, como confirma en una entrevista con este diario el convencional Fernando Atria, quieran excluir sobre esa premisa a un sector que es cultural, social y políticamente relevante en el país. Y no es un fenómeno reciente, sino que lo ha sido históricamente y lo va a seguir siendo en el futuro. Así, parece una torpeza política excluirlo por un mal resultado electoral en un momento específico, sobre todo cuando se trata de lograr una Constitución en la que todos los sectores se reconozcan. Esta exclusión solo puede significar que la ley fundamental de la república nazca con una legitimidad limitada. Nadie podría pensar que ese camino es el más apropiado para el país, a menos que se crea que todos los escenarios tienen que ser un juego de suma cero donde hay ganadores y perdedores.

Se ha dado, más allá de las visiones iniciales que pudiesen haber existido, un escenario propicio para diseñar una Constitución que cuente con una elevada legitimidad, pero ese proyecto colectivo no parece estar concretándose. Se requieren mayores esfuerzos de todos los actores involucrados para que se materialice. En caso contrario, siempre estará el riesgo de una Constitución cuestionada, resultado que no es positivo para el país y los actores involucrados en este proceso. Ahora bien, el escenario parece propicio para afinar propuestas, de modo de hacerlas alcanzar un grado de acuerdo mayor. En efecto, muchas de las que se han insinuado y aprobado en las comisiones o que han contado con la venia general del pleno podrían beneficiarse de refinamientos, sin renunciar a los objetivos que estarían detrás de ellos, particularmente si se quiere evitar consecuencias indeseadas de su diseño actual.

Así, por ejemplo, la Convención ha optado por un régimen político presidencial, pero ha ido avanzando propuestas que, en la práctica, debilitan quizás en exceso al Presidente. Es interesante que el argumento para inclinarse por dicho régimen fuera principalmente que a la población no se le podía privar del derecho de elegir al jefe de Estado y de Gobierno. Pero si esta figura se debilita, ¿en qué queda ese derecho? Un problema institucional difícil de resolver para el presidencialismo es la doble legitimidad democrática del Ejecutivo y del Legislativo, pero darle más poder a este último no parece una solución conveniente. Tiene incluso el riesgo de amenazar el funcionamiento de la democracia. Sobre todo si esto va acompañado de la desaparición del Senado. Hay en esta dimensión, entonces, soluciones intermedias que son beneficiosas para el país y que pueden concitar mayores acuerdos.

Algo similar se puede plantear respecto del pluralismo jurídico. No es evidente que para que este se materialice se deba romper la unidad jurisdiccional, como se desprende de las normas que se han analizado. Canadá es un ejemplo donde cohabita un pluralismo legal con plena unidad jurisdiccional. Por cierto, hay cuestionamientos, pero es un camino más razonable que la alternativa. En ese sentido, una mayor apertura al diálogo solo puede mejorar las propuestas que se han planteado y a través de esta vía buscar un texto fundamental que acoja a los distintos sectores.