“Este es un hito en la seguridad social de Chile. Es el cambio más sustancial de las últimas décadas y deja pavimentado el camino para una reforma integral al pilar contributivo que no hemos podido alcanzar hasta ahora”. Así resumía ayer el ministro del Trabajo, Patricio Melero, las implicancias del despacho a ley de la Pensión Garantizada Universal (PGU) por parte del Congreso Nacional.

La nueva PGU, que viene a reemplazar el Pilar Básico Solidario (PBS), beneficiará a 2 millones 400 mil personas. Pero los primeros beneficiarios que recibirán el pago de esta pensión —a partir de la tercera semana de febrero— corresponderán a 1 millón 800 mil jubilados por el PBS, tanto en su parte de vejez como de invalidez.

Luego, el Instituto de Previsión Social (IPS) recopilará datos y en los próximos seis meses comenzará el pago para las 600 mil personas restantes.

El beneficio corresponde a un monto máximo de $185 mil para todos los adultos mayores de 65 años, con exclusión de aquellos que pertenezcan al 10% más rico de la población o pensiones superiores a $1 millón.

Para aquellas personas que cumplan los requisitos (ver recuadro) y que tengan una pensión base autofinanciada superior a $630 mil y de hasta $1 millón, el monto de la PGU disminuirá gradualmente.

“Creemos que esta política va a ser muy bien recibida por nuestra población, y adicionalmente, entregar mejores pensiones nos va a dar tranquilidad para que podamos abrir la discusión hacia el pilar contributivo, pero partiendo con esta Pensión Garantizada Universal”, comentó tras el despacho de la ley el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

Los cambios que vivió la PGU

Desde su ingreso, la Pensión Garantizada Universal tuvo importantes cambios. Por un lado, se presentó por parte del Ejecutivo un proyecto que crea esta nueva pensión y, en paralelo, otro que la financiaba. Ambas no salieron igual como entraron.

Es quizás la parte financiera de la PGU la que suscitó mayor atención en su tramitación, debate legislativo y técnico. El costo total de este proyecto es cercano a los US$ 2.940 millones (0,98% del PIB), pero se generaron dudas en torno a cómo se iba a financiar este monto.

Parte de estos cambios se derivó de negociaciones que sostuvieron el diputado Miguel Crispi (RD) y la diputada Karol Cariola (PC), ambos del bloque Apruebo Dignidad. “Nos tocó jugar un rol junto con la diputada Cariola de conversar con los ministros (Juan José) Ossa, el ministro Cerda; coordinarnos con nuestros parlamentarios, con senadores y senadoras, y tenemos un buen resultado”, comentó Crispi.

Inicialmente, el Gobierno pretendía que el financiamiento se hiciera a través de reducción o eliminación de exenciones tributarias (0,35% del PIB), provisiones del Tesoro Público respecto de las otras iniciativas previsionales que no vieron la luz (0,5% del PIB) y un menor aporte al Fondo de Reserva de Pensiones o FRP (equivalente a 0,1% del PIB).

Parte de estos provocaron críticas, ya que se ponía en duda si era la forma idónea para financiar este proyecto en el largo plazo. Esto derivó en que el Gobierno presentara en el Senado nuevas fuentes de financiamiento, modificando las exenciones originales y agregando elementos nuevos.

Con los cambios, la PGU será financiada en dos tercios (0,66%) por nuevos ingresos fiscales, producto de la eliminación o modificación de algunas exenciones tributarias, y el tercio restante provendrá de las provisiones que ya estaban contempladas en el Presupuesto para el proyecto de reforma de pensiones.

Uno de los aspectos que no prosperaron, y que estaba incluido en el texto que despachó la Cámara en el primer trámite, era el nuevo impuesto especial al patrimonio afecto a las personas de altos ingresos. Eso fue desechado en el Senado y se incorporaron gravámenes como la tasa a bienes de lujo, por ejemplo, automóviles de alta gama, aviones y yates.