Señor Director:

Ha trascendido que un grupo de miembros de la Convención propone la creación de un Consejo Superior de la Justicia, o algo parecido, encargado de muy numerosos y diversos temas, como nombramientos de jueces, defensores y fiscales, cuestiones de índole disciplinaria-judicial y muchas otras.

El presidente saliente de la Corte Suprema, don Guillermo Silva, ha advertido en este medio —rechazándola— la excesiva y difusa cantidad de competencias que se quiere entregar a dicho organismo.

Ignoro cuál es la experiencia que en el ejercicio de la magistratura tienen los integrantes de la Convención, pero presumo que ha de ser más bien precaria, si es que la tienen.

Mientras me desempeñé como ministro de la Corte Suprema, sostuve invariablemente que los jueces deben dedicarse a conocer y fallar los asuntos jurisdiccionales puestos bajo su competencia y que las cuestiones administrativas-disciplinarias debían ser extraídas de su ámbito de acción y entregadas a un órgano separado del Poder Judicial, integrado por magistrados, exmagistrados y abogados (decanos de Facultades de Derecho, por ejemplo).

Un número importante de ministras y ministros pensó que no era conveniente tal fórmula, debido a que la experiencia comparada era más bien negativa, debido a la politización de los nombramientos para tal Consejo. Se invocaba, frecuentemente, el caso de España y Argentina.

Pues bien, ahora vemos que la Convención quiere proponer como miembros del ente de que se trata a representantes del Presidente de la República, del Congreso, de las organizaciones sociales (¿?) y de los pueblos originarios.

Por de pronto, no se advierte qué rol podrían tener las mencionadas organizaciones y los pueblos originarios en temas de la organización judicial, a menos que sus representantes vayan a ser jueces, exjueces o abogados.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta absolutamente contradictorio que se proponga nominar como miembros del Consejo a delegados del Presidente de la República y del Parlamento; ¿no se quiere, acaso, combatir la posible politización de tales designaciones? ¿No se quiere tener un ente independiente y autónomo, integrado únicamente por personas versadas en la labor jurisdiccional y sus múltiples aspectos, desligadas de los intereses políticos? Es evidente que las designaciones por parte de los poderes aludidos contrarían gravemente tal autonomía e independencia.

Por lo visto, los temores manifestados en su momento por apreciados compañeras y compañeros de trabajo en el Alto Tribunal se están viendo confirmados.

El distinguido colega Jorge Correa Sutil, en su comentario publicado ayer en este diario, denuncia la “politización de la justicia”, que vendrá de la mano de la creación de un Consejo Superior o Supremo de la Justicia. Advierte que este órgano será “el caldo de cultivo de toda clase de relaciones clientelares...”, destacando como particularmente negativa la participación de organizaciones de la sociedad civil, que “sin representación popular alguna, tendrán una participación relevante en el Consejo Superior, lo que es un modo desembozado de corporativismo”.

No cabe sino estar de acuerdo con el constitucionalista señor Correa, en cuanto a que “la Convención se encamina directamente a politizar la justicia... con grave detrimento del Estado de Derecho y del vigor de la democracia”.

Carlos Künsemüller
Abogado