Valiosas resultan las definiciones que entregara en “El Mercurio” el ministro Guillermo Silva, en su última entrevista como presidente de la Corte Suprema. Sus dichos trasuntan la ponderación de quien se ha desempeñado durante casi toda su vida en el servicio público, hasta alcanzar posiciones institucionales de la más alta relevancia.

Desde luego, cabe atender su llamado de atención respecto de la necesidad de que quienes elaboran las normas consideren las consecuencias de sus decisiones y cómo un diseño descuidado puede generar impensados efectos. El ministro Silva planteó el punto a propósito de las dificultades que supuso para los tribunales de familia aplicar la retención de los retiros previsionales en los casos de pensiones alimenticias impagas, pero son en realidad múltiples los ejemplos de normativas que, bienintencionadas, han terminado generando complejos problemas.

Más delicado aún es cuando el afán transformador se radicaliza y prescinde de matices. En este sentido, la propuesta de eliminación del Tribunal Constitucional (TC) que se discute en la Convención implicaría, en palabras de Silva, un retroceso. El magistrado sí se manifiesta de acuerdo con revisar la forma de elegir a los integrantes de ese órgano y reestudiar sus competencias. Cosa distinta es, sin embargo, terminar con la judicatura constitucional, no solo retrotrayendo al país en 50 años, sino que además yendo contra una tendencia mundial que ha visto en estos tribunales un avance democrático, al permitir garantizar de mejor forma la vigencia del texto constitucional y los derechos de las personas allí reconocidos. Relevante es que además se exprese partidario de mantener en el TC y no regresar a la Corte Suprema la revisión de los recursos de inaplicabilidad.

Respecto de otro cambio institucional, la creación de un Consejo de la Magistratura que sumaría a las facultades disciplinarias la designación de jueces en todos los niveles, además de fiscales, defensores e incluso miembros del Consejo de Defensa del Estado, el ministro llama a la mesura. Sumándose a las aprensiones de distintos académicos, sostiene que se estaría creando así un órgano “omnipotente”, cuyas atribuciones “exageradas” podrían poner en riesgo la independencia del Poder Judicial. La experiencia internacional, con distintos ejemplos de politización de estos consejos, parece avalar tal inquietud.

En asuntos más conyunturales, como la discusión respecto de los imputados por graves delitos cometidos en el contexto del estallido de 2019, el magistrado defiende la independencia judicial, resaltando que quienes se encuentran en prisión, lo están conforme a derecho. Y, en un ámbito distinto, pero también polémico, rechaza por discriminatoria la práctica de distintos notarios de exigir un “certificado de lucidez” a los mayores de 75 años.

En tiempos de abundante exaltación, voces como la del ahora expresidente de la Corte Suprema aportan un bienvenido sentido de realidad que amerita ser atendido.