La Pensión Garantizada Universal (PGU) de Piñera y Boric merece ser rechazada. Es regresiva porque suprime un subsidio progresivo, como es el APS. Piñera propone regalar $370 mil al mes de por vida a cada pareja de mayores del cuarto quintil y subir solo $18 mil al mes a cada pareja del primer quintil. O sea, dar más a quienes tienen más. Boric también.
¿Que los del cuarto quintil (clase media) están descontentos con sus pensiones actuales? Era que no. Sus grandes interrupciones de cotización lo explican, al igual que su modesta productividad laboral (bajos sueldos) y la disminución en las tasas de interés globales desde 2004. Se omite que las interrupciones fueron usadas por muchos de ese quintil para ahorrar en activos no pensión —por ejemplo, en viviendas para arriendo cuya renta no es reportada al SII, en participaciones en pymes, etcétera—. Los mayores del cuarto quintil tienen otras fuentes de renta distintas de pensión, en mayor medida que los del tercer quintil, y estos en más que los del segundo quintil (evidencia de la encuesta EPF del INE en Valdés, S., 2018). No cabe confundir el descontento en Maipú y La Florida con la verdadera pobreza en que quedaron los mayores de clase media de los países ricos destrozados por la Segunda Guerra Mundial, que llevó a varios de ellos a establecer PGUs. Quizá Chile pudo tener ese motivo en 1990, pero ya no, porque después hubo 30 años de aumento rápido de sueldos.
Es fiscalmente muy cara, pues usaría US$ 3.000 millones en 2023 en endeudamiento adicional. Son recursos restados de usos mejores y para grupos más vulnerables, como reducir las colas en los consultorios, apoyar a cuidadoras de niños pequeños y controlar el narcotráfico. La proyección del Gobierno sobre gasto futuro es un aumento de 2,35% del PIB a 2050. Es fantasiosa, porque supone de modo contradictorio que los salarios reales crecerán al 1,4% anual para siempre (Comité del PIB tendencial) y que la pensión básica no tendrá reajustes reales nunca más: eso es políticamente insostenible. Si la PGU y sus coeficientes también aumentaran 1,4% anual, desde la elección de 2024 en adelante, el gasto en PGU llegaría en 2050 a 8,1% del PIB (3,3 puntos de eso serían causados por el proyecto Piñera; el envejecimiento ya en marcha explica el resto). Asfixiante.
Es injusta con los jóvenes, quienes la financiarían por medio de recibir peores servicios de salud y menos ayuda en la crianza de sus hijos (Piñera) o con menores sueldos líquidos (Boric). Si cree que los jóvenes serán compensados en su vejez, cuando a su vez reciban la PGU, repiénselo, porque en términos de valor presente neto esa compensación será insuficiente.
Un editorial recuerda que la eliminación del APS suprimiría un “castigo a las mayores cotizaciones”. Omite que la respuesta a ese castigo es casi cero. Por ejemplo, un trabajador de 40 años cuyas cotizaciones de los siguientes 25 años son inciertas y cuyo futuro subsidio APS también lo es, ¿dejará de tomar un empleo con seguridad social por temor a ese lejano castigo? La evidencia existente confirma que esa respuesta (elasticidad) es casi cero. El Consejo Consultivo dijo que la informalidad perdería uno de sus “grandes” beneficios gracias a la reforma Piñera-Boric. Falló al omitir que la respuesta (elasticidad) es casi cero. El empleo informal seguirá siendo dominante en ausencia de fiscalización activa. Sabiendo esto, Suecia y Finlandia usan subsidios tipo APS y no PGU, y fiscalizan.
Algunos estrategas piñeristas creen que el mayor gasto absorberá las “holguras” fiscales y dificultará al gobierno de Boric cumplir su programa. Olvidan que el programa de Boric financiaría su PGU con otra fuente: una cotización extra de 6% cobrada a los empleos formales. Al aplicarla, liberaría US$ 3.000 millones en el tesoro, para gastar en sus demás promesas. Un peligro ahora es que Piñera ceda y suba impuestos en gran escala, haciendo parte del trabajo difícil que correspondería a Boric.
Salvador Valdés P.
Economista