De los 155 programas depositados en el Servel por los candidatos a convencionales constituyentes que resultaron elegidos, 127 hicieron referencia a la protección del medio ambiente como un objetivo relevante en la nueva Constitución. La mitad de ellos propuso adoptar un enfoque ecocéntrico. También la mitad planteó reconocer el derecho a un medio ambiente sano. Más de dos tercios se refirieron también al agua, y 69, al cambio climático.

Estas prioridades son reflejo de una sociedad que siente los efectos de la emergencia climática y que, de manera creciente, asume la protección de la naturaleza y del medio ambiente en sus definiciones valóricas y políticas. Por lo mismo, el candidato presidencial que puso en duda las causas de la emergencia climática establecidas por la ciencia y que postuló que la naturaleza debía pagar su derecho a existir tuvo que rectificar sus planteamientos en búsqueda de votos.

Instalada la Convención Constitucional, en el Observatorio Constitucional Ambiental que desarrollamos en el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, pudimos apreciar desde los inicios que el medio ambiente, la naturaleza y la crisis climática tomarían un papel protagónico. La primera persona invitada al ciclo de reflexiones constituyentes fue la científica Maisa Rojas, coautora del demoledor 6° informe de evaluación del IPCC, sobre las bases físicas del cambio climático. Le siguió la aprobación por el pleno, con 127 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones, de la declaración de la Convención en “Estado de emergencia climática y ecológica”.

Luego de postular por un buen tiempo, desde la academia, que el medio ambiente debía ser un eje transversal de la nueva Constitución, hoy constatamos que casi todas las comisiones temáticas creadas en virtud del reglamento tienen alguna referencia a lo ambiental. El medio ambiente junto a los derechos de la naturaleza, los bienes naturales comunes y el modelo económico se tratan en una comisión. Pero también la comisión de principios constitucionales aborda la integración de fuentes del derecho internacional de los DD.HH. e instrumentos internacionales en materia ambiental; la comisión de Derechos fundamentales anticipa que tratará el derecho a un ambiente sano así como el derecho al agua y otros derechos ambientales; la comisión sobre Formas del Estado aborda los mecanismos de equidad territorial y justicia ambiental y se basa en el principio de equilibrio ecológico, y lo propio hace también la comisión de Sistemas de justicia.

En los cinco meses de funcionamiento de la Convención, incluyendo las audiencias celebradas en Santiago y en regiones, a lo menos tres temas vinculados a lo ambiental han sido centrales: la gravedad de la crisis del agua, la crisis climática y la necesidad de replantear la relación del ser humano con la naturaleza, incluyendo reconocerla como sujeto de derechos.

Tres de las ocho iniciativas de normas de convencionales presentadas hasta hoy abordan aspectos ambientales o climáticos, incluyendo varias que buscan reconocer el derecho al agua y al saneamiento. A la vez, 16 de 95 iniciativas populares de normas que ya buscan 15.000 firmas en el sitio web de la Convención se refieren o integran alguno de estos tres ejes.

Un reconocimiento explícito de la emergencia climática, asociada a un deber del Estado y de todas las personas, incluyendo el sector privado, de asumir una acción climática ambiciosa en mitigación y adaptación, situaría a Chile entre los pocos países —no más de doce— que reconocen en sus constituciones el fenómeno de la emergencia climática y definen deberes al respecto, velando por las generaciones futuras.

Tenemos una oportunidad. Hoy, la causa ambiental y climática une a niñas, jóvenes y personas mayores. Una Constitución que proteja los fundamentos naturales de la vida, entendiendo que los llamados recursos naturales son componentes de la naturaleza que hoy está en crisis, y que no existe prosperidad ni economía posible sin cuidado de la casa común, tiene el potencial de unir a la ciudadanía que, con un voto obligatorio, deberá ratificar la propuesta de Constitución que nos entregará la Convención.

La autora es directora del Centro de Derecho Ambiental, Facultad de Derecho, Universidad de Chile

Valentina Durán Medina