En la comisión sobre Régimen Político al interior de la Convención Constitucional, puede observarse un consenso transversal respecto de los problemas que deben enfrentarse. Existe acuerdo sobre la debilidad de los actuales partidos políticos, la importancia de un sistema electoral coherente con el régimen elegido, y el actual estancamiento político por la confrontación entre Congreso y Ejecutivo. Si bien propuestas de solución hay muchas y muy variadas, el presidencialismo moderado comienza a tomar fuerza.

La determinación del próximo sistema político es de las definiciones más cruciales que deberá adoptar la nueva Constitución. Y si bien se le puede pedir mucho a un sistema político, una cuestión es esencial: que sea capaz de generar gobernabilidad. Por lo mismo, no basta con quedarse en la definición general (presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo), sino que es necesario hacerse cargo de aquellos aspectos de diseño institucional determinantes para ese objetivo. Sistema electoral, por supuesto. Pero también: iniciativa exclusiva, nombramientos, y, dos cosas que se suelen olvidar, la relación entre el gobierno y administración del Estado y su articulación con la estructura territorial.

El comportamiento de los actores políticos está determinado no solo por lo que se establece en reglas formales, sino también por la manera en que se organiza el poder en otras dimensiones. Así, la existencia de autoridades regionales electas alterará de manera importante el rol del gobierno central en su presencia territorial, los incentivos de los parlamentarios en su relación con sus distritos, y el espacio que ocupan los alcaldes en la definición e implementación de políticas públicas.

La definición de un sistema político debe hacerse cargo de esas definiciones institucionales. Pero si la orientación hacia la gobernabilidad es fundamental, esa definición no puede hacerse sin tener en cuenta cuáles van a ser los desafíos que se enfrentarán en las próximas décadas. La discusión suele centrarse en los últimos cinco o seis años en nuestro país. Sin embargo, la mirada debe estar también en el futuro. Y una cuestión central será la preponderancia de un fenómeno que observamos cada vez con mayor intensidad: gobiernos con baja aprobación ciudadana.

Investigaciones recientes dan cuenta de que la masificación del acceso a internet (especialmente a través de la tecnología 3G y de celulares) ha tenido un efecto importante en la política. Existe evidencia comparada que muestra que, a mayor disponibilidad de acceso a internet, más decae la aprobación de los gobiernos (Guriev et al., 2021). Ese efecto se produce porque internet ha permitido mayor acceso a información de manera inmediata, incluyendo casos de corrupción, faltas a la probidad y mal uso de recursos públicos, lo que impacta en la evaluación que se hace de los gobiernos, independientemente de su coalición política.

Ello, por supuesto, depende de diversas variables, pero lo interesante es que, como han notado académicos como Manuel Castells y Jonathan Haidt, el 3G, al permitir acceso a contenido audiovisual, produce un efecto emocional que es profundamente relevante en política. Las redes sociales actuales, a diferencia de la prensa tradicional, permiten el contenido de producción propia, con casi bajísimas barreras de entrada. De ahí la preocupación por las noticias falsas y su efecto en la discusión política y electoral (Americas Quarterly, 2021).

Un escenario de baja aprobación como escenario generalizado es especialmente complicado para el presidencialismo: un Presidente que no goce de confianza ciudadana tiene pocas posibilidades de disciplinar a su coalición y de ordenar la discusión legislativa. Tal como hemos visto en los últimos años, a medida que la aprobación decae, aumenta el discolaje (no por nada, se dictó la ley antidíscolos) y las posibilidades de que un gobierno ordene la agenda se reducen. Pero, además, en el presidencialismo se intensifica el riesgo de que quien ocupe el sillón presidencial tienda hacia soluciones populares buscando aumentar su aprobación y, con ello, lograr liderar la agenda política. Esto es relevante para las soluciones que se han propuesto para matizar los poderes actuales del Presidente: ¿en qué medida un Presidente con baja popularidad, y sin las atribuciones para manejar la agenda, ni las urgencias, ni los nombramientos y con una iniciativa exclusiva acotada podrá evitar un escenario de desorden en su propia coalición? ¿Podría hacerlo una vicepresidencia? Si se opta por abandonar el parlamentarismo como opción, mantener el presidencialismo debe dar cuenta de cómo se hace cargo de su principal desafío: garantizar gobernabilidad en época de baja aprobación ciudadana.

Isabel Aninat
Decana de Derecho UAI