El progreso de toda sociedad depende críticamente de un sector privado que, de modo activo, demande de las autoridades políticas las condiciones para desarrollar su labor. La reducción de incertidumbres, junto con reglas del juego que promuevan la libre competencia, debieran ser planteamientos permanentes del mundo empresarial dentro del debate público, a la par con acciones que demuestren su compromiso con la responsabilidad social. Configurar una agenda balanceada en todas estas dimensiones es uno de los desafíos del sector privado en todo el mundo.

Desde la década de 1990, los esfuerzos de los gremios que representan a las grandes empresas por conocer y comentar los programas económicos de los distintos candidatos a la Presidencia de la República permitían ajustar y actualizar esa agenda. A esto se sumaba el reconocimiento del mundo político al papel de los privados como eje del desarrollo. Sin embargo, quizás producto de las dificultades de procesar las implicancias de la crisis que ha enfrentado Chile durante los últimos años y que también ha golpeado la confianza ciudadana en las propias empresas, hoy los gremios parecen por momentos tener dificultades para retomar su rol en una sociedad que enfrenta inmensos obstáculos para volver a crecer sostenidamente.

Ejemplo de tales dificultades son planteamientos que durante el último año se han escuchado de altos dirigentes y de empresarios que han manifestado su disposición personal a pagar más impuestos, cual si la discusión tributaria fuera simplemente una cuestión de mejor o peor voluntad. Lejos de mejorar la percepción ciudadana respecto del quehacer privado, señales como esas simplifican y reducen el debate, además de obviar el hecho de que habitualmente son las medianas y pequeñas empresas las que, por sus características, experimentan más directamente los costos de ese tipo de medidas; estas, mal diseñadas, pueden terminar entorpeciendo la competencia y favoreciendo a los incumbentes. Y es que, en definitiva, las decisiones en materia de política económica no son una cuestión que simplemente interese al empresariado, sino una materia en que se juega el bienestar social y la cotidianidad de las personas.

En ese sentido, tampoco corresponde a las dirigencias gremiales politizar su gestión, ya sea manifestando preferencias electorales o comentando incidencias de una campaña. De hecho, en el actual clima de desconfianza ciudadana, comentarios de ese tipo probablemente tendrán efectos contrarios a los buscados por quienes los emitan. Muy distinta de ello es, sin embargo, una justificada preocupación ante proyectos y políticas públicas que afecten los principios que sustentan la actividad empresarial. Es así del todo legítimo que los gremios adviertan respecto de medidas que restrinjan la iniciativa privada y distorsionen el funcionamiento de los mercados, o que cuestionen certezas básicas, alterando la estabilidad en las reglas del juego. Exponer las consecuencias de aquello constituye parte de la tarea más propia de las dirigencias y supone también un servicio al país.

El crítico escenario que vive Chile y los costos que para la credibilidad del mundo privado han tenido pasados escándalos de abusos tornan especialmente compleja la labor de los gremios empresariales. Esto demanda difíciles equilibrios y evitar confusiones. Sin pretender sustituir a los centros de estudios u operar como foros políticos, deben aportar desde la realidad de sus empresas, proveedores, trabajadores y comunidades con ideas concretas para mejorar las políticas públicas de Chile.