La señal de los resultados electorales del domingo debiera ser leída como un severo llamado de atención al trabajo de la Convención, que después de pocos meses de funcionamiento ha visto caer sustancialmente su aprobación. Y es que la demanda por cambios expresada por la ciudadanía dista mucho de proyectos refundacionales mesiánicos, o de querer transformar el “paradigma cultural del país” o la matriz de su desarrollo económico; tampoco la Constitución puede ser una sumatoria de demandas identitarias desvinculadas del interés general. De ahí que son también desafortunadas las primeras expresiones del vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, quien inmediatamente después de conocidos los resultados envió un mensaje en redes sociales a Gabriel Boric manifestándole que “desde ya me pongo a su disposición”. Ello desvirtúa la propia naturaleza del trabajo constituyente —llamado a construir la “casa de todos” y a proyectar un nuevo texto más allá de la contingencia—, abanderizándolo con un sector político determinado. Similar sinsentido que el querer celebrar el origen de una nueva Constitución el 18 de octubre, solicitar al Congreso el indulto a los condenados o procesados por delitos en el marco del estallido y la reiterada reivindicación o reconocimiento que han hecho diversos convencionales de la violencia como agente legítimo de los cambios.

Hasta ahora, en una parte importante de la Convención, han abundado la soberbia, una especie de embriaguez con los resultados de la elección de mayo que muchos absurdamente malinterpretaron como un mandato para refundar el país y renegar de su trayectoria; el infantilismo revolucionario, mezclado con ignorancia y falta de capacidad técnica; la desmesura de propuestas en las que parecen no importar las consecuencias ni el generar inestabilidad. Todo ello, unido por un desprecio a las formas democráticas y a nuestra historia republicana. Sería largo enumerar todos los episodios, pero baste recordar el debate y las normas aprobadas en el reglamento de ética sobre el “negacionismo” y la cancelación a quien piensa distinto; las declaraciones de convencionales llamando a reemplazar a Carabineros por un servicio público o a debatir si es o no necesario un Poder Judicial; el buscar reproducir algunas de las prácticas y burocracia propias del Congreso en el trabajo de la Convención, olvidando su distinta naturaleza; el intervencionismo respecto de poderes o autoridades del Estado, llegando incluso a amenazar con eliminar el Senado luego de resoluciones que no compartían o con modificar la regulación del Banco Central tras su postura frente a los retiros; el “gustito” —como acertadamente lo han llamado analistas— que se ha dado la mayoría al eliminar la palabra “república” o al no querer incluir expresamente la libertad de enseñanza cuando se debatía el reglamento; el desprecio expresado por muchos al crecimiento económico, traducido en declaraciones que, si no fueran tan dañinas para el país, sacarían más de una sonrisa, como restarle valor a la inversión extranjera, defender teorías como el decrecimiento o el voluntarismo de pretender cambiar sin más el eje productivo del país, fuertemente ligado a actividades extractivas, renunciando a buscar soluciones innovadoras que, protegiendo el medio ambiente, no condenen a millones de personas a la pobreza. Esos, por solo mencionar algunos ejemplos.

La Convención debe ser capaz de rectificar su actuar, abrirse a amplios acuerdos con sustento técnico, no cerrarse al desarrollo ni a la integración al mundo, evitar involucrarse en la contingencia política o pretender sustituir el legítimo debate parlamentario. De lo contrario, se arriesga a que su texto sea rechazado por la ciudadanía y que con posterioridad los cambios que el país reclama sean acordados por otros actores democráticos, condenando su labor a una simple anécdota irrelevante. Las próximas semanas serán decisivas para apreciar si se produce un giro y comienzan a tejerse los grandes acuerdos que el país espera, con independencia de quién sea su futuro Presidente. Que le vaya bien a la Convención va en el interés del país y no queda espacio para más desmesuras. En contraste con los dichos de Bassa, la declaración emitida ayer por la mesa directiva de la Convención, en que explícitamente se sitúa al margen de la contingencia política y valora el compromiso manifestado por los candidatos Kast y Boric con resguardar el proceso constitucional, da cuenta de un cambio de tono que cabe valorar. Un paso en la dirección que los chilenos esperan de ella.