En las sociedades modernas, la difusión de las obras de arte y otras formas de expresión artística no siempre consigue financiarse privadamente —con algunas excepciones; por ejemplo, una parte de la literatura, del cine o del teatro—, por lo que quienes la promueven deben recurrir a la obtención de recursos públicos o donaciones privadas. Como esa difusión reporta un beneficio social, al exponer a la ciudadanía a la reflexión o al goce estético o espiritual, el Estado destina recursos a ello como parte de su acción en favor de la comunidad. A su vez, hay fundaciones privadas que se plantean un propósito similar.

Esto también se da, de manera descentralizada, en instancias municipales. Sin embargo, en estos días esa labor está siendo sometida a escrutinio y debate público, puesto que se han dado tres situaciones que han despertado polémica, cada una por razones distintas.

En Santiago, la alcaldesa Irací Hassler (PC) decidió que la aprobación que solicitaba la organización del festival Lollapalooza para realizar la próxima versión de ese evento en el Parque O'Higgins fuera sometida a una consulta ciudadana, a pesar de tener ella las facultades para resolverlo, generando suspicacias respecto de sus reales motivaciones. En efecto, los cuestionamientos a la realización de ese festival en el Parque fueron promovidos por concejales políticamente cercanos a la alcaldesa, así como por un grupo de vecinos del sector, lo que abrió una amplia discusión respecto de cuál debe ser el uso de los espacios públicos, pero el tema además generó la preocupación de artistas y de la industria cultural, al ponerse en riesgo uno de los principales eventos de música popular en el país. Todo ello suponía una complicación política para la edil, de modo tal que la consulta fue vista como una forma de eludir zanjar el tema y evitar asumir el costo de una u otra alternativa. Los productores del evento, sin embargo, ante la dilación y la incertidumbre, desistieran de la idea de usar el Parque y buscarían un nuevo emplazamiento.

En Las Condes, el Concejo Municipal rechazó entregar el aporte —originalmente, de $120 millones— que le fuera solicitado por la Fundación Teatro a Mil para montar tres obras infantiles en la comuna. Ello generó un debate público, pues se ha informado que una de las razones de la decisión sería la orientación ideológica de algunas de las producciones apoyadas por Teatro a Mil.

Un tercer caso se dio en la Municipalidad de Viña. La gerencia de la Fundación Puerto de Ideas denunció que la solicitud que había hecho para utilizar la Quinta Vergara para algunas de las actividades de la versión 2021 de su festival fue rechazada porque, de acuerdo con la respuesta dada por una alta funcionaria municipal, “a ellos (en relación a Puerto de Ideas) los financia la Embajada de Israel”. Aunque el municipio ha entregado otra explicación, aduciendo un problema de fechas para la utilización de los espacios requeridos, ha eludido referirse a la acusación de “actitud antisemita” formulada por la Fundación, la que además ha desestimado la explicación municipal.

En todos estos casos, y a pesar de sus distintas connotaciones, las actuaciones de los gobiernos comunales sugieren motivaciones políticas al momento de destinar recursos o permitir el uso de los espacios que administran para actividades culturales. Sin duda, los municipios tienen autonomía para tomar sus decisiones, y actúan de manera descentralizada y no concertada, lo que permite que haya una variedad de criterios al momento de destinar recursos o apoyar iniciativas. Eso abre el espectro de opciones a las que se enfrentan los gestores culturales. Sin embargo, resulta preocupante que se utilice un filtro ideológico o político en la asignación de tales recursos, pues ello puede devenir en prácticas de censura incompatibles con la democracia, en tanto limitan el debate de ideas y coartan la libertad de expresión. Por cierto, ello no significa que determinadas entidades puedan pretender una suerte de derecho adquirido para recibir per se y sin evaluación alguna el apoyo a sus actividades, pero la decisión de entregarlo o no ha de estar fundada en el interés general. Así, más que evaluar según conveniencias políticas o cercanía ideológica, los municipios deben entender que el sentido de apoyar este tipo de actividades no puede ser otro que multiplicar —y en ningún caso restringir— las opciones de acceso a la cultura para los ciudadanos.