Gran molestia han expresado muchas personas mayores por una nueva exigencia que les ha sido impuesta por algunos notarios: antes de certificar una firma de alguien mayor de 75 años, solicitan un certificado de lucidez emitido por un médico especializado en neurología, geriatría o psiquiatría. A juicio de esos notarios —al parecer, no son todos—, se trataría de dejar bien establecido que la persona está plenamente consciente de sus actos y por tanto está legalmente capacitada para autorizar con su firma alguna transacción de cierta importancia. Tampoco ha quedado claro cuáles serían esas transacciones, pues solo han indicado que se refieren a traspasos patrimoniales, pero sin mencionar cuantía ni proporción del patrimonio de una persona.

La prolongación de la vida que se ha experimentado en muchos lugares del mundo, incluido Chile, ha estimulado en los últimos años un fuerte desarrollo de las gerociencias. Una de las ideas que suelen enfatizar sus especialistas es que la vejez es una etapa que puede evolucionar de modos muy distintos entre una persona y otra, creando un gran abanico de posibilidades, desde aquellos que alcanzan altos grados de sabiduría hasta quienes sufren de demencias. Si bien este último padecimiento puede ocurrir a edades más tempranas, es más frecuente en los ancianos, pero entre los 75 y los 80 años de edad no afecta a más del 5 por ciento de las personas, con lo cual puede esperarse que a los 75 años la cifra sea bastante menor. Por eso no resulta sorprendente la reacción de la inmensa mayoría de los afectados, que son personas que viven normalmente, manejan sus autos con licencias de conducir entregadas por municipios que cuentan con médicos que realizan un examen psicotécnico y no sufren de ninguna dolencia que los pueda incapacitar.

Por otra parte, es comprensible el interés de los notarios por certificar que la persona tiene las competencias para disponer de sus bienes, pero el hecho de que la solicitud del examen de lucidez haya surgido espontáneamente, y solo en algunos notarios, parece indicar más bien que se trata de una manera de protegerse ellos mismos de acciones judiciales posteriores. La fórmula que han ideado no es tan distinta de otras que se han usado en el sistema judicial y que consisten en buscar opiniones de expertos antes de resolver. A menudo los médicos son los encargados de dirimir asuntos de esta clase, pero para hacerlo debidamente requieren efectuar exámenes complejos que significan altos costos y mucho tiempo dedicado a ello. Por cierto, nadie ha ponderado esas consecuencias de la decisión adoptada sin mayores consultas por ciertos notarios. Es el problema de las soluciones improvisadas que, sin mayores análisis, se intentan imponer en el país, distrayendo un recurso escaso como son los médicos especialistas.

Si no queremos que se introduzca solapadamente una nueva forma de discriminación, esta vez en contra de las personas mayores, debiera partirse de la base de que toda persona mayor o de la tercera edad es sana y plenamente capaz mientras no se demuestre lo contrario. Desde luego, para el caso de una situación como la que se pretende atribuir a los ancianos, existe desde muy antiguo en el Código Civil la figura de la interdicción del demente. A su vez, si el ministro de fe se enfrenta a situaciones específicas que le resulten dudosas, le corresponde evaluar cada una en su mérito y adoptar los resguardos correspondientes. Pero aceptar la imposición arbitraria de una exigencia general implicaría obligar a algunas personas, basados solo en el factor edad, a hacerse un examen que no está bien definido ni estandarizado. Si se llegara a presentar, además, el caso eventual de que se objete una firma ante notario, es perfectamente posible que se impugne igualmente el examen médico. El notario tal vez se habrá puesto a salvo con esta maniobra, pero a costa de miles de ancianos que habrán de incurrir en costos y humillaciones para someterse a sus decisiones no establecidas en ninguna ley.