Con la aprobación ayer de la admisibilidad de la acusación constitucional contra el Presidente de la República por parte de la Cámara de Diputados, la oposición ha ratificado su decisión de polarizar el país o —para usar la expresión de uno de los máximos dirigentes del Frente Amplio, el candidato a senador Sebastián Depolo— “meterle inestabilidad”, por estimar que ello beneficia sus posibilidades de hacerse con el poder. Con escasas y honrosas excepciones, ha mostrado también los límites de sus convicciones democráticas, al perseguir por segunda vez, y sin mayor fundamento, que el mandatario elegido democráticamente por los chilenos no pueda concluir su período, coincidiendo así con una pauta que fijara el timonel del Partido Comunista cuando, la misma mañana del 19 de octubre de 2019, pidiera la renuncia del jefe de Estado. Otra maniobra electoralista que también se discutía ayer, pero en el Senado, el cuarto retiro previsional, estuvo a solo un voto de alcanzar el quorum necesario para ser aprobado en general, en una sesión que fue también un penoso espectáculo de vueltas de carnero y justificaciones incoherentes, impropias de la trayectoria de varios de los senadores; con desenfado, algunos de ellos ni siquiera ocultaban el objetivo electoral que animaba el proyecto. El que, a sabiendas del impacto económico e institucional advertido por autoridades y economistas de los más diversos sectores, se hayan sumado también dos parlamentarios de RN, candidatos al Senado por la Región Metropolitana, da cuenta de la profundidad de la crisis política por la que atraviesa el Congreso.

Demoliendo las instituciones

Las debilidades de la acusación constitucional han sido reconocidas por abogados de todo el espectro y resultan tan evidentes que casi no vale la pena dedicar tiempo a su texto. Este construye una confusa amalgama a partir de situaciones ocurridas hace una década —es decir, mucho antes del actual mandato presidencial y por lo tanto no susceptibles de fundamentar una acusación— con otras que se vinculan al ejercicio de sus atribuciones por parte del Ejecutivo, como la decisión de declarar una cierta área como protegida o la de firmar un tratado internacional. Más que de un texto jurídico, se trata de una invectiva contra la persona de Sebastián Piñera, rayana en lo panfletario y en el insulto personal, al punto de titular uno de sus anexos como “prontuario”. “Francamente, creo que la acusación constitucional está pensada para otros eventos, para cuando un Presidente de veras compromete el honor y la seguridad de la nación y cuando infringe abiertamente la Constitución, y no es este el caso”, dijo el diputado opositor Pepe Auth, miembro de la comisión que estudió el libelo y recomendó a la sala de la Cámara no aprobarlo.

Hubiera sido, sin embargo, ingenuo esperar que tal recomendación fuera oída por una oposición que decidió explícitamente hacer de este un tema central de la campaña electoral y una prueba de unidad, en que aquellos sectores supuestamente centristas terminaron sumándose a una estrategia confrontacional que, impulsada desde los inicios del actual gobierno por el Frente Amplio y el Partido Comunista, confirma ahora su carácter hegemónico. Con los candidatos presidenciales Gabriel Boric y Yasna Provoste alentando el proceso, las bancadas de izquierda y centroizquierda aplicaron férrea disciplina para asegurar los 78 votos que el libelo requería. Ello supuso hacer uso de recursos extremos, lindantes en el fraude a la ley, como la intervención durante 15 horas del diputado Jaime Naranjo para asegurar que su colega Giorgio Jackson alcanzara a llegar al hemiciclo, pero también de una maniobra de completa irresponsabilidad sanitaria, como fue la de obligar al diputado Jorge Sabag a movilizarse desde Chillán, pese a no tener aún los resultados del examen de PCR al que se había sometido, luego de haber tenido síntomas sospechosos. El artilugio de recurrir a un señuelo —otro diputado movilizándose en su automóvil— para evitar que al momento de su ingreso Sabag fuese controlado por la autoridad sanitaria da cuenta de hasta qué punto la idea del “todo vale” para conseguir un objetivo político ha terminado arrastrando a muchos de los congresistas a conductas indignas de su investidura. Estas podrían tal vez resultar anecdóticas si se estuviera hablando de liceanos adolescentes, pero, protagonizadas por diputados de la República, los desprestigian a ellos e, inevitablemente, a la propia Cámara.

Por una exigencia de quorum es probable que esta acusación no sea aprobada por el Senado. Sin embargo, lo ocurrido ayer no solo introduce un factor de incertidumbre extrema a menos de dos semanas de la elección presidencial y parlamentaria, y a cuatro meses del término del actual período presidencial, sino que además consagra una cierta visión, propia del nuevo populismo de izquierda, sustentada en el tensionamiento máximo de la sociedad mediante la construcción de “enemigos” —en este caso, el Presidente Piñera, pero también todo el sector político que él representa— que, por supuestamente encarnar todo tipo de males, carecerían de legitimidad para ocupar las posiciones más relevantes del Estado. Tal concepción degrada la democracia, propugna en los hechos la exclusión de un sector relevante de la ciudadanía, y transforma la política en un escenario de permanente y polarizada confrontación. Ciertamente, no es lo que necesita ni merece Chile en un momento crucial de su historia.

Una consideración aparte merecen las declaraciones de una serie de convencionales que, en alusión directa a una eventual aprobación por parte de la Convención de un congreso unicameral, amenazan a los senadores en las redes para que aprueben la acusación. Así, el desborde institucional se sigue profundizando, en una especie de carrera en que se suman día a día distintos actores para hacer su aporte destructor.

Necesario reconocimiento

En este crítico escenario cabe un especial reconocimiento a la integridad de aquellos parlamentarios de la oposición que han podido resistir a este embate populista y desestabilizador. Para nadie son un misterio los altos costos políticos y personales, incluyendo amenazas e insultos, que sufren quienes son capaces de desmarcarse, por razones de conciencia, de la postura mayoritaria de su sector. De ahí que, más allá de las diferencias existentes, la fortaleza mostrada por el diputado Pepe Auth y por la senadora Carolina Goic contrasta con la actuación de otros parlamentarios de los cuales se habría esperado una actuación diferente.

Se entenderían y respetarían esas posturas si reflejaran verdaderas convicciones o distintas visiones de fondo. Lo que preocupa, sin embargo, no es que piensen o voten distinto, sino que cedan a las presiones y a la manipulación de las instituciones por debilidad o mero interés personal: la propia reelección, el apoyo a una candidata de su sector, una malentendida lealtad partidaria o el interés de infligirle una derrota al Gobierno y a su Presidente para alcanzar el poder. El que un grupo mayoritario de parlamentarios esté dispuesto a desestabilizar el régimen democrático y hundir la economía por razones meramente electorales nos retrotrae a los peores momentos de nuestra memoria republicana.