Un aumento de 1,3% tuvo el IPC de octubre, muy por sobre lo que había sido el registro promedio en el décimo mes del año, y también por sobre las expectativas de mercado, que se ubicaban en torno al 1%. Con ello, la inflación acumulada durante los últimos 12 meses llega al 6%, consolidando un fenómeno de aumento sostenido de precios que empieza a generar preocupación en la ciudadanía.

Puntualmente, el alto registro de octubre se encuentra muy influenciado por el incremento en el costo del “paquete turístico”, un componente del IPC con alta volatilidad histórica y cuya medición en octubre —después de meses de haberse imputado su precio a los efectos de la pandemia— mostró un significativo incremento. Sin embargo, más allá de cuestiones metodológicas, es evidente que existe una presión inflacionaria que se ha ido consolidando, con consecuencias importantes sobre las personas, y que la política económica debe atender adecuadamente. En Chile, el incremento de los precios se explica por una combinación de factores. Estos incluyen los problemas logísticos globales que han encarecido el transporte y reducido la disponibilidad de bienes, pero también el fenómeno inflacionario es consecuencia de un fuerte aumento en la demanda doméstica y de una depreciación del peso gatillada por la incertidumbre política y constitucional. Precisamente por eso es que no deben ser desatendidas las voces de numerosos expertos que han manifestado su creciente rechazo a los retiros de los fondos de pensiones, entre otras políticas —como la prolongación del IFE universal— que han extendido la disponibilidad de recursos más allá de lo razonable, al tiempo que han presionado al alza las tasas de interés, empujando a un desequilibrio macroeconómico importante.

El mundo político —o buena parte de él— ha hecho hasta ahora caso omiso a muchas de las advertencias técnicas respecto del alcance y riesgos de ciertas decisiones. Así, se han asumido irresponsablemente posiciones en el ámbito de las políticas públicas que carecen de mínimo sustento, sin hacerse tampoco cargo de sus repercusiones o incluso minimizándolas. En el caso específico de los retiros previsionales, las altas tasas de interés y la presión inflacionaria generadas están impactando de modo concreto sobre las familias. Buena parte de estos efectos no solo eran previsibles, sino que fueron reiteradamente anticipados por los especialistas que concurrieron al Congreso mientras se debatían. Sin embargo, en lugar de atender a esa razonada preocupación, parece haberse impuesto entre los parlamentarios la idea de compensar la crisis de confianza y los cuestionamientos a su propia legitimidad adoptando políticas de corte populista, sin un mínimo realismo en el análisis, y hasta descalificando como “neoliberales” a todos quienes plantearan objeciones, por fundadas que ellas fueran.

Las consecuencias económicas de todo esto están comenzando a sentirse. Lo que hasta hace pocos meses eran advertencias técnicas que se desecharon, hoy está empezando a volverse una triste realidad. Con todo lo amargo que resulta este escenario, es de esperar que al menos genere una reacción rectificadora. El mundo político debe entender la necesidad de promover un espacio de diálogo y seriedad en el diseño de las políticas públicas que permita reencauzar al país en una senda de progreso y estabilidad, la cual a su vez posibilite un desarrollo armónico y que llegue a toda la población. Esto no será sin embargo posible de persistir el actual “negacionismo” de lo que ha sido la experiencia en Chile y el mundo respecto de las causas básicas del crecimiento, y del rol de la estabilidad macroeconómica como eje central de aquello.

En definitiva se equivocan, hasta el límite del engaño, aquellos sectores que prometen un mayor y más inclusivo desarrollo sin respetar reglas básicas del funcionamiento de la economía. El país ya empieza a constatarlo.