Los estados de excepción constitucional son, sin duda, medidas extremas y deben ser aplicados con particular prudencia y en situaciones muy complejas. Evaluar en cada circunstancia si ese es el caso no es fácil y cabría esperar que existan diferencias de opinión relevantes. No sorprende, entonces, que la decisión presidencial de solicitar la renovación del estado de excepción en la así llamada macrozona sur, que ahora necesita aprobación en el Congreso, esté generando un debate que en ocasiones se torna ácido.

Por cierto, los hechos que ocurrieron el miércoles pasado han contribuido a polarizar la discusión. Hubo dos episodios de enfrentamientos entre grupos con rostros cubiertos y personal de Carabineros apoyado por la Armada, con el resultado de un comunero mapuche fallecido, además de otras personas heridas. Los hechos son materia de investigación, pero aun antes de que concluyan las pericias se ha formulado un sinnúmero de afirmaciones cuya veracidad debe ser establecida. Se ha dicho también por algunos que estos estados de excepción elevarían la violencia en la zona. Sin embargo, la evidencia no parece acompañar esta afirmación. Los grupos organizados y armados —el video difundido por Weichan Auka Mapu exhibiendo su poder de fuego es sintomático— vienen operando hace ya largo tiempo. Distintos y con matices entre ellos, han llegado en algunos casos a plantear de modo explícito el objetivo de alcanzar un control territorial e incluso militar de la zona, en declaraciones muy anteriores a los estados de excepción. Son, por lo demás, los mismos que llevan años realizando cada vez más frecuentes y graves atentados que han afectado a diversas faenas productivas y a hogares de personas de esfuerzo que viven en esas localidades.

Es evidente que Carabineros no tiene las capacidades para enfrentar grupos militarizados. Su surgimiento es precisamente una de las razones que llevan a las democracias de distintas latitudes a aplicar estados de excepción. La participación de las fuerzas armadas en materias de orden interno entraña no pocos riesgos y exige especiales resguardos; por lo mismo el estado de excepción es una medida extrema. Pero las circunstancias que ha vivido esa zona, y los despliegues y declaraciones de distintos grupos, vuelven legítima esa medida. Por cierto, debe ser constantemente evaluada y usada con criterio. Para alcanzar este propósito es importante que ella esté sometida a un escrutinio público relevante. En ese sentido, es importante que las investigaciones que se realicen respecto de los hechos ocurridos el miércoles se lleven adelante con agilidad y eficacia. Sin embargo, y atendida la dramática situación que se vive en la zona, ello no debería inhibir de sostener por un tiempo más el estado de excepción. Sobre todo, porque el riesgo de escalamiento de los hechos de violencia, en medio del proceso electoral que vive el país, es alto.