Una mirada preliminar sobre los programas de gobierno en materias de seguridad y sistema penal de los candidatos José Antonio Kast y Gabriel Boric revela que el primero plantea abundantes medidas, dando por supuesta una cierta visión, mientras que el segundo propone una visión general a costa de una extraordinaria reserva en cuanto a las iniciativas concretas para realizarla.

Así, el programa de Boric comienza por recordar las abundantes violaciones a los derechos humanos que los funcionarios policiales habrían cometido durante los meses de violencia callejera que siguieron al 18 de octubre para proponer, en consecuencia, una “refundación” de las instituciones policiales, que entre otras cosas deberían renunciar a su estructura “militarizada” y reunir a todos los funcionarios en un solo e igualitario escalafón. Ello iría acompañado de una reforma a la institucionalidad de la prevención del delito, con un marcado énfasis en la transferencia de competencias y recursos hacia los entes de gestión regional y local, las gobernaciones y los municipios. Esto suena bien en su generalidad, pero habría que ver si la gestión local cuenta con las capacidades para seguir agregando responsabilidades a las muchas que ya tiene. Algunas de las escasas medidas concretas que se propone dicen relación con la criminalidad organizada, respecto de la cual se promoverá el comiso sin condena y el comiso por equivalencia (la confiscación de bienes que no guardan relación con un delito determinado, pero que están en manos de la organización). Un amplio apartado se dedica a la política de drogas. Se reconoce que el consumo y tráfico de marihuana es un problema, pero se lo sitúa más bien en el ámbito de la salud pública. El programa se esfuerza en distinguir entre el “verdadero” narcotráfico y la venta de drogas blandas o en menor escala. Esto tiene sentido, pues el grave problema del microtráfico en las poblaciones es algo que excede con mucho a las políticas de justicia y persecución penal.

El programa de Kast, en cambio, contiene casi exclusivamente medidas, a partir de las cuales es posible deducir algunas opciones fundamentales. Una de las más claras es la protección y apoyo —el programa usa el adjetivo “incondicional”— a los funcionarios policiales, de Gendarmería y de las Fuerzas Armadas. Muchas de las propuestas, como los incrementos de pena y de las facultades de las policías, los cambios en la carrera judicial o la creación de una Defensoría de Víctimas, requieren modificaciones legislativas. Otras medidas parecen derechamente impracticables, como la idea de que los presos financien con su trabajo los costos de su mantención, o la de desterrar cierto tipo de interpretación judicial de las leyes. Algunas se deslizan hacia terrenos más peligrosos, como la ampliación de las facultades de detención durante estados de emergencia constitucional. Enigmáticas resultan, entre otras, la idea de que los jueces de garantía habrían perdido muchas atribuciones y la sugerencia de que en general no se justificarían los tribunales orales compuestos por tres jueces. Un acierto es la propuesta de mejorar y unificar las bases de datos con que cuentan las policías y los operadores del sistema penal, un proyecto cuya sola implementación contribuiría sustancialmente a mejorar la administración de justicia.

Por fortuna, ambos candidatos coinciden también en una serie de aspectos fundamentales y, especialmente, en que la prevención del delito se inicia en los barrios, en el trabajo con las familias y los jóvenes; en que una parte importante de la delincuencia está asociada al consumo de drogas, y que, por lo tanto, es allí donde se debe intervenir en forma prioritaria; en que el mejoramiento del sistema penitenciario y la inversión en herramientas de reinserción social —aprendizaje de oficios, obtención de un empleo, acompañamiento especializado— son las vigas maestras de cualquier programa que pretenda convertir el círculo vicioso de la delincuencia en una espiral virtuosa de integración social. Sin embargo, los énfasis y el lenguaje de cada programa dan muchas luces acerca de cuál de los candidatos tendrá la fuerza y convicción necesarias para impulsar cambios reales en este ámbito. Los electores deberían leerlos para formarse su propia opinión.