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Cartas
Viernes 05 de noviembre de 2021
¡Basta!...
Señor Director:
El martes se descarriló un tren no precisamente por fatiga de materiales, sino que por un atentado reivindicado por un grupo anónimo “que exige el retiro de las fuerzas armadas de La Araucanía”. Más tarde, otro grupo quemó un bus de pasajeros, alcanzando los ocupantes a bajarse. Luego se levantaron barricadas en la ruta que une Cañete a Tirúa. Y el miércoles, dos emboscadas a Carabineros y a personal de la Armada terminan con fuego pesado cruzado, un muerto y tres heridos de bala.
Al final de ese miércoles trágico y violento, un reportero le preguntó al ministro del Interior “si el personal de la Armada siguió los protocolos”.
No hay dudas de que la Fiscalía y los tribunales tendrán que determinar si se cumplieron los protocolos y si las pruebas audiovisuales permiten explicar y justificar el uso de la fuerza, puesto que incluso la intervención de las FF.AA. está sujeta al ordenamiento jurídico.
Sin embargo, la guerra de guerrilla que está viviendo el sur de Chile desde hace años —con emboscadas permanentes, cortes de caminos, quemas de casas, iglesias y campos; fuego de armas de grueso calibre, muerte de inocentes, tráfico de drogas, presencia de grupos entrenados y listos para todo— no es de mentira, y por lo tanto es muy triste e inevitablemente “con muertos y con heridos”. Así como el ordenamiento jurídico debe regir para las FF.AA., también debe regir para los civiles. Si un “civil” sale de su casa a cometer delitos y enfrentar a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, “armado con un fusil de guerra”, en una zona donde rige un estado de excepción constitucional debidamente anunciado por los medios, y zona en la que el Gobierno se dignó finalmente a enviar soldados para intentar restablecer el orden y la paz, ese “civil” sale de su casa no solo a sabiendas de haber infringido varias leyes vigentes, sino que sabiendo además que no solo corre el riesgo de resultar herido, sino que también de perder la vida.
Parece que es tiempo de que los civiles (que no usamos fusil) digamos: ¡Basta! ¡Que vuelva el orden, el Estado de Derecho, y a flamear la bandera de Chile no solo en La Araucanía, sino que en todo el territorio nacional! Después volverá la paz, y el diálogo puede sostenerse con los que ahí viven y trabajan, y no con quienes pretenden sentarse a la mesa con un fusil y crear una república independiente.
Ello, aunque ya nos habíamos tristemente “acostumbrado”, por una parte, a ver La Araucanía en llamas frente a gobiernos aterrados y cruzados de brazos y, por otra, al hecho de que los heridos y muertos resultan ser en su gran mayoría uniformados o civiles indefensos.
Cristóbal Porzio
Abogado