El debate sobre el sistema político se ha centrado en el tipo de forma de gobierno que debiéramos adoptar. No obstante, esta discusión no debería ignorar aspectos relacionados que influyen en el modo como la forma de gobierno operará en el futuro. Uno de los puntos que no han sido objeto de suficiente atención es la regulación del sistema de partidos. Ello puede deberse a la desconfianza contra los partidos actuales, las campañas antipartido y la idealización de los independientes y de algunas organizaciones que, pese a tener aspiraciones similares a los partidos, se rehúsan a constituirse como tales. Tampoco debemos olvidar que la desafección de los partidos políticos no es un fenómeno exclusivamente chileno. Los problemas de la representación actual se asocian a cuestiones como el impacto en el modo como las redes sociales influyen en la polarización y la falta de comprensión de las ventajas deliberativas de la representación. La representación no es un sustituto imperfecto de la democracia directa.

En un escenario ideal, los partidos debieran reducir los costos de participación de la ciudadanía, disminuir los costos de información de los votantes (haciendo posible la competencia genuina entre ideas) y de los partidos rivales (haciendo posible la existencia de alianzas, pactos y rivalidades), restringir los costos de transacción para hacer que las reformas sean posibles y dar información al Estado acerca del tipo de programa favorable a la ciudadanía. Ello puede entregar ventajas epistémicas relevantes al proceso político.

Asimismo, un sistema de partidos saludable es capaz de robustecer las instituciones representativas y despersonalizarlas, siendo menos vulnerable a la amenaza de líderes populistas que puedan erosionar la democracia. Los partidos son relevantes para construir pactos de gobernabilidad, encontrar espacios comunes entre rivales y robustecer las condiciones que hacen más competitiva la democracia. Ello puede contribuir, junto con otros factores, a estimular el respeto por las libertades políticas de la oposición y de la prensa, y la independencia de los tribunales de justicia.

Un proceso político con un sistema de partidos débiles, como el que tenemos hoy en Chile, falla en algunas de las funciones descritas en el párrafo precedente. Los costos de información de los votantes no son suficientemente bajos (un buen ejemplo fueron las campañas electorales de la Convención Constitucional), los costos de transacción parecen haber subido, la disciplina partidaria ha bajado y la idealización de los independientes amenaza con reducir el accountability de nuestras instituciones representativas.

Si la Convención aspira a establecer un sistema que sea capaz de legitimarse en el tiempo en términos democráticos, ella debe establecer las bases para fortalecer los partidos políticos. Y sin perjuicio de que existan alternativas regulatorias complementarias a la representación (como ocurre con las asambleas ciudadanas electas por sorteo), deben evitarse aquellos instrumentos que pueden debilitarlos (como puede ocurrir con plebiscitos convocados por el Presidente).

La regulación de los partidos no solamente requiere del análisis de materias como su financiamiento, autonomía y organización democrática interna, sino que también de reglas para los candidatos “descolgados” o “díscolos”, límites para las candidaturas independientes, un calendario electoral que haga más probable que los partidos sean relevantes en la formación de gobiernos y fórmulas electorales que desincentiven las candidaturas y listas de independientes. Un sistema de listas cerradas, un modelo mayoritario o un sistema proporcional con umbrales altos, pueden ser reglas útiles para discutir.

El sistema debe promover un número de partidos lo suficientemente elevado como para representar a todos los tipos de votantes relevantes (especialmente en una sociedad diversa y heterogénea) y lo suficientemente bajo como para que los costos de información entre los votantes se mantengan controlados y los partidos existentes puedan institucionalizarse y no ser meros instrumentos de quien los preside.

El autor es director del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo.

Sergio Verdugo