Valoramos la columna de ayer de Juan Ignacio Latorre y Diego Pardow en esta página, pues constituye un giro respecto de lo planteado por la candidatura presidencial de Gabriel Boric sobre revisión de los tratados de libre comercio (TLC), y expresa una posición más pragmática y realista sobre el tema en cuestión.

La postura original de esa candidatura fue que la Cancillería debía “revisar los acuerdos comerciales que estén en vigencia para evaluar su pertinencia”. El propio candidato agregó que se debía revisar si estos tienen “condiciones impuestas” que “pudiesen ser desventajosas” para nuestro pueblo.

Ahora, los responsables del programa de Boric, y el propio candidato, esclarecen que solo se trata de revisar algunos tratados, sin actuar de manera unilateral. Entremedio, hubo expresiones confusas y contradictorias.

La confusión se ha ido enmendando. Latorre declaró que no se trata de definir “a priori qué tratados vamos a revisar”, y que Chile evaluaría “los efectos positivos y negativos” de los acuerdos; es decir, ya no solo las “condiciones que pudiesen ser desventajosas”. Buena nueva, que debiera ser comunicada al excandidato Daniel Jadue, quien ha manifestado que todos los TLC deber ser revisados, citando el unilateralismo y proteccionismo de Donald Trump.

Latorre y Pardow señalan, acertadamente, que “todos los países revisan sus tratados periódicamente”. Efectivamente, estos son instrumentos vivos y dinámicos, permanentemente se actualizan, enmiendan, perfeccionan, profundizan, modernizan y renegocian. No hay nada nuevo en esto. Todos los TLC tienen una robusta institucionalidad compuesta por Comisiones Administradoras y Comités Técnicos en temas revisables, como normas técnicas, asuntos fitosanitarios, aduaneros, laborales, ambientales, etcétera. La modernización en curso de la asociación con la UE es un ejemplo. Asimismo, al TLC con Canadá se le agregó un moderno capítulo sobre igualdad de género, negociado durante la segunda administración de Michelle Bachelet. Y, crecientemente, nuestros TLC incorporan capítulos sobre desarrollo verde, pymes, igualdad de género y economía digital.

Se plantea que la norma sobre requisito de desempeño de los TLC impediría el desarrollo industrial del país. Si consideramos el artículo 10.5 de nuestro TLC con EE.UU. —norma que se ha usado como base en los posteriores acuerdos—, es verdad que existen limitaciones para imponer ciertas condiciones a la inversión extranjera (párrafo 1); pero, para evaluar el alcance real de esta norma, es fundamental considerar el texto de forma integral, pues en el párrafo 2 del mismo se establece con claridad que Chile mantiene total libertad de establecer la exigencia de transferencia tecnológica, por ejemplo, como condición para que las empresas extranjeras reciban alguna ventaja del Estado de Chile.

Chile ha excluido de la aplicación de esta norma a sectores estratégicos, como es el caso del litio. Que no hayamos avanzado en el desarrollo de la economía del litio y del hidrógeno verde no tiene que ver con impedimentos contenidos en los TLC. Se trata de las reformas estructurales y dirección del desarrollo que necesitamos concordar. En todo caso, si invitamos a renegociar a nuestros socios, hay que tener en cuenta que ello supondrá alterar el balance de la negociación realizada.

En definitiva, un nuevo modelo de desarrollo sustentable e inclusivo requiere revisar, ampliar y modernizar acuerdos, como se ha venido haciendo. Chile necesita apertura al mundo, promoción del crecimiento y preservar los 1,2 millones de empleos que dependen de nuestras exportaciones.