La propuesta de política exterior del candidato presidencial del Partido Comunista y del Frente Amplio, Gabriel Boric, presenta escasas pero a la vez complejas definiciones, enumerando una variedad de condicionantes dogmáticas, alejadas del realismo necesario para la conducción de las relaciones exteriores, y distanciándose, a la vez, del pragmatismo y de las políticas de Estado que han caracterizado a sucesivos gobiernos de distintas persuasiones ideológicas en el país. Por obvio que fuera, el programa no debió omitir el compromiso y prioridad de la defensa de la soberanía, la paz, la democracia, el derecho internacional y el libre comercio; todas, constantes de la política exterior de Chile. En cambio, en sus primeros párrafos insinúa incluso una crítica al concepto de una política de Estado que se sitúe por encima de las coyunturas, pues “esa visión vertical y estática de la política exterior es insuficiente en el contexto nacional e internacional actual”.

La propuesta del candidato Boric, bajo el lema de “una política exterior turquesa” —combinación del verde ecológico y el azul protector de los océanos—, enfatiza su carácter de feminista, inclusiva, antirracista, descentralizada y participativa.

La adjetivación no merece reproches, aunque puede imponer significativas limitaciones, por diferencias culturales, con países del Medio Oriente, y por la contradicción con el compromiso, sin matices, con el principio de autodeterminación de los pueblos y de no intervención en los asuntos internos de otros Estados que se expresa en el documento, que colisiona con la defensa de la libertad y, especialmente, con los derechos humanos que se dice promover.

Asimismo, la oportuna respuesta a la dinámica internacional ante las sucesivas e inevitables crisis mundiales se puede ver obstaculizada por las dilaciones provenientes de consultas participativas, en algunos casos vinculantes, que se pretende implementar. Debilitante para cualquier política de Estado es, sin duda, la llamada diplomacia paraestatal y descentralizada que se atribuye a municipios, gobiernos locales y regionales. Una complicación adicional surge de la autonomía y financiamiento de una diplomacia indígena planteada en la propuesta. Según se señala, con medidas como estas se persigue que tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como la propia política exterior se abran a la participación ciudadana, “superando la visión vertical, elitista, homogénea y excesivamente técnica que existe actualmente en estos ámbitos”.

Conocida es ya la polémica política comercial del candidato presidencial, por su rechazo al TPP11 y el anuncio de revisar los tratados internacionales de libre comercio, lo que podría afectar las relaciones con más de 60 países, respecto de 30 tratados de inversión y comercio. Tal revisión puede tener complejas consecuencias, gravitantes para el desarrollo nacional, la inserción mundial de Chile, la inversión extranjera y los accesos al financiamiento, conocimiento, ciencia y tecnología de vanguardia. Al revisionismo se suman el retroceso por indicaciones de proteccionismo a importaciones provenientes del exterior y para exportaciones sujetas a componentes nacionales, como se insinúa al señalarse que la política comercial deberá estar alineada con la política industrial y con las estrategias que impulse un futuro Banco del Desarrollo. Declaraciones del alcalde comunista Daniel Jadue al respecto han abundado en esa línea, expresando nostalgia, por ejemplo, de las antiguas armadurías de automóviles que —al alero de altos aranceles— operaron en el país.

La parcialidad, controversias y carencia de realismo de estos planteamientos —contenidos en el programa original del candidato y también en las propuestas que este ha mantenido en su web, luego de bajar ese documento— justifican el retiro de la agenda programática internacional de Gabriel Boric y la promesa de una nueva propuesta que se espera sea entonces definitiva.