En Chile se ha consolidado una suerte de “lógica de la postergación” en cuanto al abordaje de la pobreza. Los problemas de las poblaciones más carenciadas son abordados de modo negligente, mediocre o, simplemente, son dejados al fondo en la lista de prioridades.

El estallido social, sin duda, se explica en parte por la frustración y rabia acumulada de esas poblaciones en exclusión social. A esa explosión social, se sumó la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia, que ha relevado las numerosas formas de pobreza y vulnerabilidad que han impactado directamente en la contención del covid-19: el hacinamiento, la masificación del empleo informal y precario, la prevalencia de enfermedades asociadas al consumo de alimentos baratos y nocivos para la salud, entre otras.

Esta pandemia ha demostrado que logros aparentemente consolidados escondían una vulnerabilidad demasiado grande como para volver a ocultarla, cuyos efectos seguirán haciéndose sentir durante los próximos años. La pobreza está lejos de ser un problema superado en Chile; de hecho, ha aumentado.

Por eso, la nueva Constitución debe ser capaz de representar a aquellos grupos especialmente vulnerables e históricamente invisibles en la conducción del país. La consideración constitucional de quienes presentan mayores desventajas resulta un paso esencial en el abordaje de sus necesidades a través de la deliberación política, las políticas públicas y la promoción de una ética basada en la solidaridad.

Una convivencia social armónica requiere reducir las enormes brechas entre los estratos socioeconómicos más privilegiados y los más desaventajados. Esto requiere que los grupos especialmente vulnerables descritos en el documento “Constitución y Pobreza”, que redactamos nueve organizaciones de la sociedad civil —Techo-Chile y Fundación Vivienda, Fondo Esperanza, Emplea, Súmate, Infocap, Espacio Mandela, Servicio Jesuita a Migrantes, Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, Comunidad Jesuita de Tirúa y Hogar de Cristo— y que presentamos a comienzos de mes a la Convención Constitucional y esta semana fue motivo de un seminario online, sean parte de las discusiones en pos de la nueva Constitución, y puedan ocupar un lugar dentro de esta nueva Carta Magna.

Para alcanzar la inclusión plena y efectiva de las personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión se requieren cambios sociales en distintos niveles y con diferentes grados de profundidad, consagrando el reconocimiento de las personas como titulares de derechos en relación con recursos imprescindibles. Proponemos reconocer el derecho a prestaciones específicas de determinadas poblaciones vulnerables, como el acceso a terapias de rehabilitación en el caso de las personas en situación de discapacidad, o el de servicios de largo plazo en el de las personas mayores y de las que viven en situación de calle. Esta protección, nuevamente, debe considerar un mandato específico al Estado: ser garante de principios como la dignidad y la justicia social. Esperamos que así sea.

Paulo Egenau
Director social nacional del Hogar de Cristo