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Lunes 27 de septiembre de 2021
Tras violenta jornada, Fiscalía apoyará traslado de migrantes a Santiago y alcaldes piden albergues
Ministerio Público ayudará a las 16 personas que perdieron sus cosas. Gobierno afirma que seguirán las expulsiones y desalojos.
Tenso se encuentra el ambiente en la zona norte del país, luego del recrudecimiento de la crisis migratoria que dejó una decena de carpas de migrantes en situación de calle quemadas y una serie de reacciones a nivel nacional.
Ayer, un día después de los hechos, el Ministerio Público ordenó a la Policía de Investigaciones (PDI) desarrollar las indagaciones para encontrar a los autores de las quemas de carpas de los migrantes de Iquique.
La fiscal Jócelyn Pacheco dijo que “los detectives concurrieron al lugar y levantaron un catastro de los afectados” y se solicitó recabar imágenes de las cámaras municipales y particulares que pudieron haber captado el hecho, para identificar a los autores.
La fiscal Pacheco señaló que se instruyó la instalación de un punto fijo de Carabineros en el sector, para velar por la seguridad de los migrantes, y aclaró que “son delitos graves como el de incendio y daños”.
También, como medida de protección, se apoyará a las 16 personas afectadas por las quemas de carpas. Esto se hará con ayuda económica a través de la Unidad de Víctimas y Testigos para que puedan hacer su traslado a Santiago, que era su destino final, y se coordinará la recuperación de su documentación sanitaria, que fue quemada.
Más control en frontera
Luego de que las imágenes de la quema de pertenencias de migrantes recibieran el repudio generalizado a nivel nacional e internacional, los alcaldes de Colchane e Iquique, cuyas comunidades han sido las más afectadas con la crisis migratoria, insistieron en que el Gobierno debe mejorar el control en la frontera y dar ayuda humanitaria.
Para el alcalde de la capital de Tarapacá, Mauricio Soria, el principal problema que ha llevado al descontento generalizado en su comuna “es el descontrol de la frontera, porque en la Plaza Brasil había cerca de 150 personas, pero en Iquique debe haber más de 1.000, la gente sigue pasando por Colchane; debe haber un control, pero en serio”.
Soria asegura que “estamos hace mucho insistiendo con que se requiere un refugio humanitario; las agrupaciones de asistencia internacional tienen los recursos, pero el Gobierno tampoco quiere aceptar la ayuda”.
Por su parte, el alcalde Javier García, de Colchane, dice que la gestión del Gobierno ha sido deficiente, pues “se han basado solamente en estrategias comunicacionales y no acciones concretas”. Agrega que se requiere, en primer lugar, “mejorar la capacidad de respuesta en salud, porque nosotros no damos abasto para atender cientos de migrantes al día. Además, ha faltado voluntad para fortalecer el control fronterizo, se requiere mayor personal de carabineros, además de más insumos necesarios, como son la tecnología y vehículos para controlar la situación”.
Al mismo tiempo, llamó a cumplir el compromiso de un albergue, “pues toda esta gente que anda deambulando por Iquique, durmiendo en espacios públicos, va generando el malestar”.
Sostiene que “aunque las expulsiones deben seguir y realizarse en respeto a la ley vigente, no es la solución, pues lo único que logran es que quienes ingresan no hagan su autodenuncia, y se pierde hasta el conteo”.
Para el delegado presidencial del Tamarugal, Natan Olivos, el refuerzo de la frontera se ha realizado. “Se han aumentado los controles de la carretera, y ahora iluminamos seis puntos de control en la frontera, ya que en la madrugada es donde tenemos el mayor ingreso”.
Respecto al contingente, asevera que “se duplicaron los efectivos; sin embargo, estamos trabajando a máximo de capacidad, porque una parte es el punto de control, pero hay que desarrollar la infraestructura de habitabilidad para que los funcionarios puedan permanecer”.
El delegado explicó que no solo es reforzar la frontera, “continuaremos en el desalojo de los espacios públicos; se seguirá con los procesos de expulsión y también fuertemente con el control del transporte irregular”.
El gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, afirma que tras el desalojo de Plaza Brasil, están trabajando con las organizaciones, “con el fin de financiar algunas residencias, además de pasajes para que los migrantes puedan llegar donde tienen familiares que los apoyen”.