La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), anunció la entrega de mil permisos adicionales a vendedores ambulantes para que trabajen en calles de esa comuna. Probablemente se concentrarán en su casco céntrico, que es donde más transitan los potenciales compradores. Agregó que ello se sumaría a los casi tres mil permisos existentes, aunque recordó que “hay muchas más personas que están vendiendo sin un permiso”. Indicó, asimismo, que “la política de solamente prohibir o mirar para el lado no dio resultados”, por lo que es necesario hacer una propuesta que regule dicha actividad, para lo cual harán un estudio topográfico del espacio disponible en Santiago Centro. A su juicio, eso permitiría dar un “ordenamiento democrático al territorio”.

El anuncio implica profundizar el otorgamiento de condiciones especiales de trabajo a ciertas personas en desmedro de otras. Los favorecidos no solo estarían utilizando un bien nacional de uso público para beneficio propio, sino que lo harían bajo condiciones mucho menos exigentes que las que se imponen para la actividad comercial normal y, además, sin estar sometidas al régimen impositivo aplicado al comercio establecido. Por esa razón, a lo largo del tiempo las autoridades edilicias han buscado terminar con estas prácticas. Ello, aun cuando cabe reconocer que los resultados de ese empeño han sido dispares.

Aunque participan del comercio ambulante personas de alta vulnerabilidad que encuentran allí un sustento —de ahí la cautela de las autoridades para abordar el problema—, la informalidad en que suele funcionar permite que fácilmente se vinculen a él actividades delictuales o que sea aprovechado por ciertos proveedores para eludir las obligaciones legales y aumentar su ganancia. Ello se suma a sus demás externalidades negativas, que van desde el deterioro del espacio público y el aumento de la inseguridad, hasta problemas sanitarios. En el caso particular de Santiago, autorizar aún más comercio ambulante en sus veredas significa un retroceso urbanístico en el lugar más emblemático de la capital del país, ya golpeado durante los últimos dos años por la violencia vandálica.

Claudicar con tanta facilidad ante las solicitudes de esos comerciantes, otorgando excepciones a normas que se espera sean cumplidas de manera pareja por todos, entrega una errada señal a la ciudadanía respecto del trabajo de sus autoridades. Ello, lejos de “democratizar” el territorio, lo degrada.