En julio de 1944, durante la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods (New Hampshire, EE.UU.), delegados de 44 naciones formularon las directrices para la reconstrucción económica de posguerra. El encuentro determinó la creación del primer banco de desarrollo multilateral —Banco Mundial—, cuyo objetivo era apoyar a los países europeos y asiáticos afectados por la II Guerra Mundial (el FMI también vio su origen en estos encuentros).

A partir de 1947 el organismo empezó a financiar proyectos de infraestructura en energía, riego y transporte en el resto del mundo. Chile, en 1948, fue el primer Estado no europeo en recibir US$ 13,5 millones para el financiamiento de un proyecto de energía hidroeléctrica. Desde entonces, el Banco ha jugado un rol importante en contribuir al progreso de los países en vías de desarrollo.

Hoy en día, su labor incluye la dotación de productos financieros para impulsar el crecimiento, fortalecer las instituciones, reducir la pobreza y potenciar la calidad de vida de las personas. También ha jugado un rol clave en el estudio del impacto del cambio climático y de propuestas de políticas públicas en la materia.

Para llevar a cabo su labor, cuenta con una gobernanza constituida por un directorio con miembros designados por los distintos países integrantes (accionistas) y una administración profesional e independiente.

Las presiones de China

La creación de conocimiento para la promoción del desarrollo a partir del análisis del contexto institucional, financiero y económico de las naciones constituye otro de los quehaceres del Banco Mundial. Muestra era el popular índice “Doing Business”, originado en 2002; a través de once indicadores, permitía analizar y comparar el grado de apertura de los países a la actividad empresarial y protección de la propiedad privada, de modo de orientar la elaboración de políticas públicas que impulsaran la competitividad.

En enero de 2018, afirmaciones del entonces economista jefe del organismo, Paul Romer (premio Nobel de Economía), respecto de supuestas alteraciones por razones políticas en la medición de Chile, entre otros países —ese año, el nuestro ocupó la posición 55 entre 190 economías—, desataron fuerte controversia. Esta se agravó posteriormente a raíz de nuevas anomalías en los resultados publicados en 2020, motivando una extensa auditoría externa sobre el proceso de producción del índice.

Finalmente esta semana fue publicado el informe de la auditoría y los resultados sugieren serias anomalías. El documento plantea preocupaciones respecto de la influencia de China en el actuar de quienes eran entonces directivos. Según el informe, entre 2017 y 2018, personal de alto rango de la institución —incluyendo a quien es hoy la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva— habría presionado a funcionarios para realizar cambios específicos en los datos, de modo de mejorar la clasificación china. Esto, en un contexto en que la institución requería del apoyo de la potencia asiática para aumentar su capital. De hecho, meses después de la publicación del índice, el Banco Mundial anunció ingresos adicionales por US$ 13 mil millones en virtud del aumento de la participación accionaria de China, que pasó del 4,7% al 6,0%. Esto no solo confirma la extensión de la influencia del gigante asiático en el mundo, sino también alerta respecto de un ímpetu por hacerlo que puede dañar la institucionalidad internacional. También obliga a prestar mayor atención a las recientes gestiones para aumentar la capitalización de otro ente multilateral, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Aunque el reporte además citó presiones respecto de los datos utilizados para las clasificaciones de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán en 2019, no se encontró evidencia de nexos entre miembros del Banco Mundial y dichos resultados. El caso de Chile no es mencionado.

Golpe al multilateralismo

Los sucesos antes descritos tienen el potencial de impactar la credibilidad de la institución, con dañinas consecuencias para los países. Como primera medida, el Banco discontinuó la publicación de “Doing Business”. Ello, sin embargo, no podría sino ser solo un primer paso.

Condenable es el intervencionismo de cualquier país en estas instituciones y el utilizar presiones para escalar puestos en un ranking internacional. China deberá hacerse cargo de las sospechas que en ese sentido la auditoría sugiere, en momentos en que muchas de sus prácticas internacionales son cuestionadas.

A su vez, la revisión y fortalecimiento de la institucionalidad del Banco Mundial emerge como desafío central para el multilateralismo. Desde el punto de vista de los países, el caso impone la necesidad de una constante vigilancia sobre la gobernanza de este tipo de instituciones, la que pasa por exigir y asegurar que tanto los miembros del directorio como los de la administración no solo ostenten la mayor calidad técnica, sino también ética. Solo disponiendo de un capital humano de excelencia se podrá evitar que intereses individuales contaminen el importante rol de las instituciones internacionales.