Señor Director:

Complementando la columna “Lo privado y lo público”, de Carlos Peña —publicada el viernes en el cuerpo Crónica Constitucional de “El Mercurio”—, y a propósito de la libertad de enseñanza, sugiero revisar el enfoque de valor público preconizado por Mark Moore, Barry Bozeman y John Benington, que apuntan al papel del tipo de autoridad que ejerce la dirección de las organizaciones y los móviles que guían su acción.

Por ejemplo, para Bozeman, las universidades privadas (especialmente las con fines de lucro) son sustantivamente distintas a las universidades públicas debido al control de naturaleza política que se ejerce sobre estas últimas. ¿Qué es valor público en este enfoque? Lo que valoramos individual y colectivamente, más allá de lo que el mercado puede ofrecernos: objetivos como la cohesión social, las libertades sustantivas, la sustentabilidad del medio ambiente o la igualdad de oportunidades, y principios como la colaboración, la participación, la no discriminación, la transparencia o el debido proceso.

Al no ser valorados por el mercado, estos objetivos y principios pueden perderse de vista, si no son considerados explícitamente, como lo hace, por ejemplo, el directorio de la BBC al definir su programación.

Obviamente que las universidades estatales —para seguir con el ejemplo, pero es extensivo a cualquier organización— produzcan valor público dependerá de la calidad de su gobierno corporativo y de las reglas que el propio Estado defina para su operación. Para esto, vale la pena mirar la Universidad de California, con su consejo directivo donde predominan los exalumnos, muy superior en términos de resultados a aquellas estatales, donde reinan los intereses de los actuales estudiantes y funcionarios, que se ha puesto en discusión en Chile.

Pablo A. González
Director académico Centro de Sistemas Públicos
Universidad de Chile