En Chile, uno de cada tres trabajadores es informal. Hasta antes de la actual crisis, este fenómeno nunca tuvo un espacio relevante en la discusión pública. Sin embargo, hoy los costos de la informalidad se nos revelan con fuerza. Sin trabajos formales, las familias no pueden asegurar un ingreso estable; los trabajadores pierden acceso a la salud y pensiones contributivas y, en un sentido más profundo, se debilita el pacto social entre ciudadanos y Estado, donde los primeros aportan con su trabajo e impuestos a cambio de que el segundo provea bienes y servicios esenciales.

Las enseñanzas que nos dejará esta crisis son enormes. Una de ellas es que nuestro Estado no estaba capacitado para obtener, actualizar y procesar datos para desplegar efectivamente su política social. La falta de datos actualizados en los sistemas de ayuda social fue uno de los múltiples problemas que tuvo el actual Gobierno para llegar de manera oportuna con las ayudas monetarias, en particular a las familias con ingresos informales. Lo opuesto a esto se reflejó en los pagos de los retiros de fondos de pensiones. Las AFP, al contar con la información actualizada de sus afiliados, producto de sus contratos de trabajo, pudieron hacer un pago rápido y eficiente. Esta historia nos deja una lección: ante la ausencia de un trabajo formal, al Estado le cuesta más llegar con las ayudas.

Hoy, el escenario es muy distinto al del peak de la pandemia (junio 2020). La red de protección social llegó a casi 16 millones de personas (90% de los pagos del IFE se hacen de forma automática a la cuenta RUT) y se han pagado bonos a 800 mil pymes, incluyendo a feriantes y comercios informales. El Estado ya cuenta con la información de 7,6 millones de familias y de más de un millón de pymes, lo que es una muy buena noticia si queremos avanzar en combatir la informalidad.

Es clave, entonces, diseñar una política de mediano y largo plazo que considere las causas estructurales de la informalidad. Hay que actuar con celeridad, ya que en los próximos meses la informalidad tenderá a crecer producto del regreso de la población inactiva al mercado laboral. Es tiempo de unificar los múltiples subsidios laborales (IFE Laboral, Ingreso Mínimo Garantizado, Bono Trabajo a la Mujer, entre otros) y avanzar con decisión hacia un impuesto negativo al trabajo coordinado por el SII. En simple, que el SII en vez de cobrar impuestos al segmento más bajo de ingresos, entregue un subsidio automático, masivo, focalizado en salarios menores y con gradualidad en la salida, para no generar distorsiones en el margen.

Hay evidencia de los efectos positivos de una política así, en especial en mujeres (Hoynes y Patel, 2016; Eissa y Liebman, 1996). Además, el Estado ya sabe dónde están las actividades comerciales con mayor informalidad —manufactura y servicios, para empezar—, por lo que tiene el deber de ir donde esas pymes y trabajadores y facilitarles el proceso de formalización. Recordemos que la informalidad también depende de costos de papeleos burocráticos y de una relación permanente con oficinas reguladoras. Por último, los empresarios (de todos los tamaños) deben asumir un rol activo en la formalización de sus trabajadores y de la relación contractual con sus proveedores y el Estado debe comunicar con fuerza las ventajas del circuito de la formalización (empleo, impuestos, salud y pensiones).

Es tiempo de generar consensos en torno a los desafíos estructurales que enfrentamos en este nuevo ciclo político y económico. La informalidad laboral, qué duda cabe, es uno de estos.

En los próximos meses un consorcio de siete universidades —compuesto por 18 destacadas y destacados académicos y convocados por el Ministerio de Hacienda en noviembre del 2020— debería evacuar su informe final con un diagnóstico acabado sobre las causas de la informalidad. Ojalá el mundo político se haga eco de este y logremos avanzar en este importante tema.

Juan José Obach
Director Ejecutivo De Horizontal