Un grupo de profesores e impulsores del proyecto sobre delitos económicos, varios de los cuales son abogados que ejercen en materia penal, ha respondido a las críticas esbozadas en el editorial del martes pasado. Es muy positivo que el debate en torno a una iniciativa como esta se abra, más allá del Congreso, a los ambientes académicos, profesionales y sociales, donde no ha estado todo lo presente que se esperaría, a pesar de que el proyecto representa una verdadera revolución para el derecho penal chileno.

Sin embargo, es fundamental que exista una genuina deliberación pública, sin caricaturas ni consignas, como cuando se atribuye al editorial actuar en preocupación por los intereses de los “empresarios”. Esto no es efectivo, pues el proyecto considera que pueden ser autores de un delito económico también todos los empleados de una empresa mediana o grande, y quienes actúan en su beneficio. A este grupo de personas, sustancialmente más amplio que el de los “empresarios”, se refiere la preocupación editorial. La defensa de un sistema penal aplicable a todos los ciudadanos, sin discriminaciones arbitrarias, ha sido planteada en estas mismas páginas en múltiples ocasiones, y no será este un caso que tendrá un tratamiento distinto.

La idea de avanzar en diversos aspectos a una especie de derecho penal de autor —que va más allá de hacerlo responsable por el hecho cometido— está lamentablemente presente en varias partes del proyecto. Los criterios especiales para la agravación, determinación y sustitución de la pena son una buena muestra de ello. Además, la creación de algunas nuevas figuras delictivas en términos amplios, en vez de limitar la discrecionalidad, la profundiza, dejando al ciudadano a merced de interpretaciones interesadas y, en ciertos casos, de presión política. Ello facilita el empleo del derecho penal con una finalidad instrumental que en nuestro sistema no ha encontrado forma de contención y de la cual se ha hecho abuso en el ámbito profesional. La proliferación de querellas de este tipo —por ejemplo, en algunos delitos económicos creados en los últimos años— debiera llevar a un análisis más amplio de este asunto, buscando acotar los casos en que cualquier persona pueda verse expuesta a estas situaciones.

Naturalmente se requieren cambios en materia de delitos económicos —de hecho, algunos aspectos del proyecto constituyen un avance—, pero ello debe tomar en consideración principios básicos, como el de igualdad ante la ley. Como sostuvimos, la necesidad real de hacer un derecho penal económico más riguroso y efectivo en algunos ámbitos puede hacerse sin sacrificar los valores que la ciencia penal ha defendido desde la Ilustración. A ello debe destinarse el esfuerzo.