Señor Director:

Existe consenso internacional en que los más perjudicados por la pandemia serán los niños. Las cifras son alarmantes. La desnutrición y obesidad infantil producto del cierre de las escuelas y del encierro han aumentado de forma significativa, la tasa de suicidio adolescente se disparó, así como también las enfermedades mentales, como depresión, estrés, ataques de pánico y cuadros de angustia. Las cifras de violencia intrafamiliar y maltrato infantil preocupan a los expertos en los países desarrollados, mientras que en nuestro país ni siquiera es tema.

A lo anterior se suma el aumento significativo de niños y jóvenes que han desertado del sistema educacional. Oficialmente, los jóvenes fuera de la escuela son cerca de 220 mil, pero este número aumenta a más del doble si se considera a los estudiantes que durante este año y medio no han tenido ningún contacto con su escuela. Los niños que desertan del sistema escolar tienen más probabilidades de consumir en exceso drogas y alcohol, cometer delitos, caer en la cárcel; además tienen menos redes de apoyo, mayor probabilidad de desempleo y acceso a trabajos con baja remuneración.

Finalmente, se debe considerar el impacto en los aprendizajes. Las condiciones materiales para el aprendizaje a distancia están desigualmente distribuidas en la población, afectando dramáticamente a los niños más pequeños, a quienes viven en zonas rurales y a los más vulnerables. Las brechas en los aprendizajes pueden llegar a ser irremontables, afectando en el largo plazo las oportunidades futuras de estos niños. Por otra parte, toda la evidencia científica hasta ahora disponible señala que los niños se contagian y se enferman significativamente menos. La buena implementación de los protocolos para el retorno a clases presenciales ha dado buenos resultados; así lo reflejan los datos del Mineduc.

Teniendo a la vista estos antecedentes, resulta no solo inmoral, sino incluso criminal seguir negándoles a los niños su derecho a la educación. El retorno a las clases presenciales debiera ser prioridad nacional, porque con los niños no se juega.

Sylvia Eyzaguirre
Investigadora CEP