Hoy el Senado votará una serie de cambios administrativos para mejorar su funcionamiento. Si bien se trata de ajustes útiles, es fundamental impulsar reformas que se hagan cargo de la escasa valoración que, al igual que en otros países, tiene el Parlamento en Chile y que dificulta el rol que debe jugar en un sistema democrático. Es importante aportar a la reflexión que probablemente hará la Convención Constitucional.

La discusión sobre las causas de este descrédito y de las alternativas para enfrentarlo ha sido escasa. Los casos de corrupción han afectado la visión de los chilenos sobre el Congreso. Y las medidas para evitar que estos se repitan son escasamente difundidas y muy poco conocidas.

Se considera a los parlamentarios como parte de la élite privilegiada, distante de las necesidades y problemas de la mayoría de los chilenos. El monto de la dieta y de las asignaciones es ampliamente rechazado. Pocos saben que la dieta parlamentaria se redujo en un 30%, que se cambió la forma de establecerla, y que se han regulado o eliminado privilegios y abusos.

Los chilenos piensan que el Parlamento no responde a sus necesidades. Resultan inexplicables los niveles de desigualdad. No se entiende que si el per cápita ha crecido de 5 mil a 25 mil dólares, vivan en condiciones precarias los adultos mayores, discapacitados, niños vulnerables, allegados, enfermos y estudiantes, entre otros.

Para algunos, la orientación política neoliberal sería la explicación de todo. Es cierto que hay responsabilidades políticas en muchas materias (CAE, Financiamiento Compartido), pero no es honesto desconocer las barreras infranqueables, los bloqueos constitucionales, económicos y políticos que hemos tenido para avanzar en muchas materias.

El descrédito del Parlamento, de acuerdo a los argumentos anteriores, se explicaría por las características de los parlamentarios y de las corrientes políticas a las cuales pertenecen.

Eso es parcialmente cierto. El problema parece ser más complejo. Hay explicaciones más profundas del mundo actual, y también de la conciencia y capacidad de desencadenar reformas efectivas de los Parlamentos.

En primer lugar, es necesario considerar el debilitamiento estructural de la política y los Estados Nacionales. El filósofo Zygmunt Bauman sostiene que la política ha perdido poder, que la política y poder no son lo mismo.

La capacidad objetiva de las instituciones políticas (Parlamento, partidos, sindicatos) para hacerse cargo de los problemas nacionales está fuertemente limitada por el modelo de globalización en que vivimos.

Los Estados Nacionales fueron construidos para otras realidades y enfrentan desafíos civilizatorios que no están en condiciones de procesar cabalmente. Eso queda claro con la pandemia, el cambio climático, el deterioro del planeta, el avance del narcotráfico y el uso de armas. También con avances como la inteligencia artificial, la tecnología de salud, la robótica, la energía solar y el hidrógeno verde. Además, queda en evidencia la incapacidad para asumir las nuevas realidades y necesidades de los niños, niñas y adolescentes.

En este contexto, la inserción en el mundo y la relación con la globalización económica y la gobernanza mundial adquiere una importancia muy central para la política.

Los convenios, acuerdos y tratados no son de “piedra”, requieren evaluación y actualización, como también una revisión del resultado de las facultades que se han transferido. El latinoamericanismo debiera replantearse frente a la globalización y la búsqueda de lo común dentro de la diversidad.

En segundo lugar, preguntarse por qué el Parlamento no logra emprender reformas profundas, por qué se demandan reformas de todas las instituciones, pero no de aquella en la cual se actúa.

Es fundamental reivindicar la capacidad de innovar, de replantearse el rol del Parlamento. No podemos quedarnos en un mundo que ya no existe.

La calidad y oportunidad de la legislación, el papel en el debate nacional presente y futuro y la interacción con la sociedad deben estar en permanente evaluación, con el fin de que esta institución pública pueda cumplir su tarea de la mejor forma posible.

Es cierto que desde 1990, en la Cámara y el Senado ha habido reformas parciales de gran valor (Congreso del Futuro, Parlamento Juvenil, canales de TV, etcétera), pero hay cuestiones pendientes que pueden contribuir al debate de la Convención Constitucional.

El fortalecimiento del trabajo legislativo, la modificación al sistema de gobierno del Senado, el diseño de planes de desarrollo de mediano y largo plazo, y la participación de los actores internos y externos en una reforma de fondo, son tareas ineludibles y urgentes.

Carlos Montes C.
Senador PS