El pasado viernes ocurrió una lamentable tragedia en Carahue, Región de La Araucanía. En un ataque perpetrado por un grupo identificado con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) contra una faena forestal, el que fue repelido por Carabineros, falleció un integrante de ese grupo, mientras que un trabajador fue herido y se encuentra en riesgo vital. La forma en que la CAM informó del atentado (“una acción de sabotaje”, dijo su máximo líder) da cuenta de su voluntad de “combatir” para imponer sus reivindicaciones y de su defensa de la violencia como arma política. Testimonio impactante de ello fue el velatorio y funeral del atacante, con una guardia armada exhibiendo fusiles de alto calibre. Por cierto, corresponderá a los organismos pertinentes establecer exactamente cómo ocurrieron los hechos, pero desde ya el episodio ha dejado en evidencia la forma en que algunos sectores identificados con la izquierda están concibiendo la violencia como un instrumento legítimo de hacer política.

Tal aproximación venía emergiendo desde hace algunos años, pero en espacios puntuales y de modo limitado. La crisis de octubre de 2019, sin embargo, hizo crecer en algunos sectores el apoyo a la violencia como herramienta, si bien de manera no siempre directa, sino solapada, evitando condenarla. La declaración de la semana pasada de la Convención Constitucional, demandando el indulto para autores de graves delitos, agregó otro elemento en esa deriva: según la mayoría de los convencionales, personas detenidas por hechos de violencia contra Carabineros o contra la propiedad estarían eximidas de enfrentar sus responsabilidades penales. Sin duda, es siempre posible cuestionar el uso prolongado de la prisión preventiva y podrá haber casos concretos en que ello sea un punto atendible, pero cuando se trata de una declaración de carácter genérico, donde además se incluye a personas cuya autoría ha sido probada en sede judicial, es inevitable concluir que se ha instalado la validación de la violencia como una herramienta de la política. Más aún si impulsores de esa declaración han llegado a calificar tales hechos delictuales como “necesarios” para el proceso constitucional en curso.

No es esta la primera vez que sectores de izquierda, incluidos intelectuales, muestran simpatía hacia el uso de la violencia como una forma de provocar cambios. Se están cumpliendo 60 años del controvertido prefacio que escribiese Jean Paul Sartre al libro de Frantz Fanon “Los condenados de la tierra” y, claro, es imposible no encontrar ahí argumentos similares a los que se escuchan en nuestro país, desde luego, a propósito de las reivindicaciones de grupos que se autodefinen como mapuches, pero también en la justificación de varios de los actos vandálicos cometidos el 18 de octubre, y los días y semanas posteriores. “Esa violencia irreprimible —escribió Sartre— … es el hombre mismo reintegrándose”. Hay allí una glorificación de la violencia que se confirma al afirmar: “La violencia, como la lanza de Aquiles, puede cicatrizar las heridas que ha infligido”. Esta visión de la violencia como reparadora de injusticias —efectivas o percibidas— cometidas en el pasado pone en riesgo la vida en común. Tampoco podrá nunca darle legitimidad a un nuevo arreglo institucional que pueda emerger de ella. Pero, incluso empíricamente, carece de sustento la idea de que ella pueda sostener, respetando los derechos de las personas, una transformación institucional: en situaciones extremas, la comunidad política se degrada y los resultados son impredecibles.

Por eso, no deja de sorprender la idealización o falta de distancia con que se comentan actos violentos como los ocurridos el pasado viernes en Carahue. Especialmente en un inicio, cuando existía confusión respecto de la identidad del fallecido, los mensajes en redes sociales —incluso de líderes políticos y representantes ciudadanos— fueron una prueba fehaciente de que distintos sectores no han dimensionado en toda su magnitud los riesgos que para nuestra vida en común significan estos episodios. Chile tiene, sin lugar a dudas, una deuda pendiente con sus pueblos originarios y también con ciudadanos que no se sienten suficientemente protegidos en sus derechos y vulnerabilidades. Son deudas de naturaleza distinta, pero abordarlas requiere de la deliberación democrática y el respeto al Estado de Derecho. Si este se debilita, las incertidumbres que tal situación genera pueden producir un quiebre irremediable de las confianzas. La violencia, por tanto, debe ser condenada siempre y con fuerza.