No cabe desconocer ni las fallas que frustraron la que iba a ser la primera sesión de trabajo de la Convención Constitucional el lunes pasado, ni la responsabilidad que en ello cupo al Gobierno. La no habilitación de las conexiones que hubieran permitido sesionar en cuatro salas del ex-Congreso cumpliendo con las normas sanitarias del período de pandemia fue un traspié lamentable que causó transversal molestia. Desafortunadamente, ello opacó los esfuerzos que La Moneda había desplegado previamente en cumplimiento del mandato constitucional de entregar todo el apoyo necesario para el funcionamiento de esta nueva instancia, y que incluyeron desde la habilitación del Palacio Pereira para las oficinas de los convencionistas, hasta la logística que permitió su traslado a Santiago y la exitosa realización de la ceremonia de instalación el domingo pasado. Lo ocurrido el lunes, sin embargo, tanto por sus efectos prácticos en lo que debía ser el inicio del trabajo del órgano constitucional como por el innecesario daño político al que quedó expuesto el Ejecutivo, explica la decisión de haber aceptado la renuncia del funcionario a cargo de esas tareas.

Nada de lo anterior justifica, sin embargo, las destempladas reacciones de muchos de los propios convencionales, así como de parlamentarios de oposición frente a este episodio, las que han incluido desde absurdas acusaciones de “boicot” —cual si pudiera objetivamente beneficiar esto en algo a La Moneda— hasta intentos de escalar políticamente el incidente. El propio vicepresidente de la Convención llegó a afirmar que “este es un problema político. Aquí hay una forma de organización de poder popular, de poder institucional que está contando con la obstrucción del Poder Ejecutivo”. Incluso la presidenta del Senado escribió en su cuenta de Twitter: “Desconocemos si es incompetencia, desidia o mala fe, pero el Gobierno ha puesto en riesgo el inicio del proceso constituyente”. Y hasta parlamentarios del Partido Comunista han anunciado su intención de promover acusaciones constitucionales carentes de fundamento, en un intento de consolidar un protagonismo en la Convención. La facilidad de este partido de criticar y acusar a otros contrasta con la nula autocrítica del impacto desestabilizador que tiene su propia conducta, que incluyen recientes declaraciones abiertamente rupturistas.

Si parece obvio el intento de obtener rédito político a partir de este episodio, aún más preocupante es lo que las reacciones parecen revelar respecto de la forma en que parte de los convencionales conciben su relación con el Poder Ejecutivo, cual si esta no pudiera sino estar signada por la confrontación. Por ello, cabe valorar que el Gobierno persista en un espíritu colaborativo y republicano, procurando enmendar errores en cumplimiento del mandato constitucional.

Contrario a lo que parecen sugerir algunas expresiones, el sentido de todo este proceso es la elaboración de una Carta en la que todos los chilenos se puedan sentir representados y no el resultado de un permanente conflicto que vaya a ser dirimido por la imposición de un determinado sector sobre el resto. Además —y así se ha visto—, el propio funcionamiento de la Convención demanda una relación que, respetando celosamente los respectivos ámbitos de acción, incorpore un mínimo espíritu de colaboración.

Pero, incluso independientemente de ello, cabe advertir que uno de los grandes desafíos que enfrenta la nueva instancia es responder a las expectativas ciudadanas y no repetir el ciclo de deterioro que ha golpeado a muchas de las instituciones de nuestra democracia. Si cada inconveniente se convierte en una querella destinada a buscar culpables antes que a explorar soluciones, es dudoso que la Convención logre distinguirse de lo que la ciudadanía rechaza en la política. El amplio reconocimiento que generó la actuación de la secretaria relatora del Tricel en la ceremonia de instalación del domingo pasado debiera ser motivo de reflexión entre los constituyentes respecto del valor de la sobriedad y el rigor en sus funciones. Desde esa perspectiva, el balance de la primera semana de funcionamiento de la Convención, marcado por estas controversias y por una declaración referida a los imputados y condenados por graves delitos de violencia —cuestión que se aparta completamente de sus funciones—, da cuenta de un órgano que, concebido para renovar y relegitimar nuestra democracia, arriesga —como lúcidamente han advertido algunos constituyentes— terminar replicando las dinámicas que tanto han dañado el prestigio de instituciones como la Cámara de Diputados.