Chile dejó atrás su reputación de líder regional en el ámbito del crecimiento. Cifras como el excepcional Imacec de mayo o las proyecciones que se hacen para 2021, efecto de una baja tasa de comparación por el desplome vivido en 2020, no pueden hacer obviar la realidad del mediocre desempeño que viene arrastrando nuestra economía: hasta este año, la última vez que el PIB se había expandido por sobre el 4% había sido en 2014. Desde entonces, políticas públicas erradas, la violencia y la pandemia fueron agudizando las dificultades ya existentes para diseñar una estrategia de crecimiento de largo plazo. A lo anterior se agrega el cuestionable planteamiento de sectores de izquierda que, bajo el discurso de un “agotamiento del modelo”, apuestan por el crecimiento del Estado como supuesta fórmula dinamizadora.

La expansión del producto durante un período extendido de tiempo depende de tres factores: un mercado laboral que atraiga a nuevos trabajadores (fuerza de trabajo) y que ofrezca las condiciones para aumentar la productividad del empleo; la capacidad de una economía para atraer constantemente a la inversión (formación bruta de capital fijo), y las posibilidades de innovar y adaptar los procesos productivos a los cambios tecnológicos (reflejadas en la productividad total de factores). En función de estas dimensiones, análisis técnicos permiten calcular las proyecciones de crecimiento tendencial de un país, un referente para caracterizar la evolución de mediano y largo plazo de una economía. En el caso local, las estimaciones del comité consultivo para este propósito que constituye el Ministerio de Hacienda anticipan un crecimiento tendencial bajo el 1,9% hasta 2025. Esta cifra no incorpora la incertidumbre propia del resultado de la Convención Constituyente ni el impacto de largo plazo de un mayor Estado (subsidios, transferencias y mayor gasto permanente), por lo que podrían ser revisadas a la baja.

La brusca caída en las proyecciones de crecimiento tendencial (en el período 2011-15 eran de un 3,6% promedio anual) responde a evidentes dificultades en los referidos pilares estructurales, en cada caso con evidente responsabilidad del Estado. No se puede desconocer, por ejemplo, que Chile fue en contra de las tendencias mundiales al implementar en 2016 una reforma laboral que rigidizó el empleo. A esto se suman la ausencia de cambios estructurales en el sistema de capacitación y la reciente caída en participación laboral. En inversión, se ha avanzado peligrosamente hacia un escenario que no provee suficientes certezas en materia institucional y legal. La decisión de derogar el DL 600 (2017) fue la primera alerta; más recientemente se ha sumado una clase política que parece haber olvidado que Chile es un país pequeño y como tal debe hacer esfuerzos para atraer capitales extranjeros e incentivar los locales. Los equivocados cambios en materia tributaria, más las ideas extremas de distintos programas presidenciales que incluso cuestionan el derecho de propiedad, han de ser elementos a considerar por cualquier agente que hoy evalúe invertir en Chile. En este contexto, por supuesto, es difícil instaurar una cultura de innovación y tecnología.

Pero si las menores expectativas de crecimiento de largo plazo ya eran una realidad antes de 2019, la urgencia de crecer sostenidamente es hoy más apremiante. Chile no solo ha utilizado parte importante de sus ahorros para hacerse cargo de la pandemia, sino que además parece encaminado a caer en una espiral de gasto financiado por mayor deuda. Sin crecimiento en los próximos años, no quedará más alternativa que ajustar los presupuestos.

Tales desafíos deberán ser abordados por una comisión recién convocada por el Ministerio de Hacienda. El grupo de 10 economistas deberá proponer un conjunto de medidas para incrementar el crecimiento de largo plazo. Es de esperar que en su trabajo, antes que fracasadas apuestas por una política industrial dirigida por el Estado, se privilegie la urgente necesidad de promover la competencia a partir del mercado, asegurar reglas del juego estables y poner fin a la absurda oposición a nuevos acuerdos comerciales que impulsan la inversión y el cambio tecnológico. De no ser así, la instancia arriesgaría ser otra oportunidad perdida para un país que, de la mano de la inoperancia del Estado, ve alejarse su posibilidad de desarrollo.