Los antecedentes disponibles sugieren que los países con los mejores resultados educativos en el mundo han sido, en general, aquellos que han hecho el mayor esfuerzo para evitar la suspensión de clases presenciales. En cambio, las naciones con logros educativos mediocres han tenido, en promedio, menos de esas clases. América Latina —y Chile no es la excepción— es la región del mundo con menos clases presenciales desde que se iniciara la pandemia; al mismo tiempo, las conexiones de internet dejan mucho que desear para asegurar una alternativa remota de calidad. Mientras tanto, los estudios disponibles respecto del impacto en los aprendizajes de la falta de clases presenciales sugieren que estos son significativos. Hay diferencias en torno a las magnitudes, pero se concluye que los retrocesos son relevantes, particularmente en niños y jóvenes de lugares más desaventajados y también en los más pequeños, incluso en países con excelente internet. Por lo tanto, no es casualidad que sean varias las naciones desarrolladas que, aun en medio de la pandemia, han realizado esfuerzos denodados por mantener la presencialidad. Ello habla de preocupación por la educación de las futuras generaciones y por la responsabilidad y prioridades que trae consigo la vida en común.

Por cierto, ha ayudado a esos esfuerzos la existencia de sólida evidencia respecto de que los niños y las escuelas no son fuentes relevantes de contagio. Los estudios que validan esta apreciación se están acumulando rápidamente. Hay algunas dudas respecto de los adolescentes mayores, pero aun en estos casos los contagios son menos que en la población adulta no vacunada. Incluso las nuevas variantes, a pesar de algunos argumentos iniciales en sentido contrario, no habrían aumentado los contagios entre los niños. Junto con esta realidad, el impacto emocional negativo de no tener clases presenciales no es despreciable y se teme que puede tener efectos prolongados en sus estados de ánimo y en su socialización. En este sentido, los costos de no tener clases presenciales pueden ser muy superiores a beneficios que, por lo demás, son más tentativos que ciertos. La decisión de retomar las clases, salvo en situaciones muy críticas, no ha sido motivo de grandes controversias.

Por esta razón, no puede sino ser calificada como un despropósito la amenaza de diputados socialistas de acusar constitucionalmente al ministro de Educación porque, al hacer todo lo que está a su alcance para el retorno a clases, “está infringiendo una de sus principales responsabilidades que no es otra que resguardar la integridad física y síquica de las personas…”. Esta afirmación desconoce completamente la experiencia comparada y hace caso omiso de los costos que significa la ausencia de clases presenciales. En un número importante de países serios, un planteamiento de esta naturaleza no podría ni siquiera insinuarse. El repudio ciudadano seguramente sería mayor. Que se formule en estas circunstancias sugiere una descomposición del debate público que no se condice con la preocupación por el bienestar y progreso de los más pequeños en nuestro país. Se olvidan, además, todas las medidas sanitarias —no muy distintas de las que se observan en otros países más desarrollados— que se han tomado para minimizar los riesgos, la alta tasa de vacunación que se ha alcanzado y la priorización dada a los docentes en este proceso.

A este desatinado anuncio del PS se sumó ayer otro paralelo de las bancadas del Frente Amplio y el PC, que también pretenden acusar al titular de Educación por un supuesto “abandono” del sector.

La acusación constitucional, por su naturaleza, es un instrumento excepcional, que se debe utilizar con extremo cuidado. De un tiempo a esta parte, se ha visto un uso muy irreflexivo de ella y este caso es una demostración palpable. La crítica política, si corresponde, debe hacerse con fuerza: contribuye al escrutinio al que deben estar sometidos quienes ocupan un cargo público. Sin embargo, hay límites. Esta acusación los sobrepasa completamente y solo persigue propinar un costo político al Gobierno, utilizando hipócritamente el interés de los niños y de las comunidades escolares. En momentos en que se requiere responsabilidad política, los diputados socialistas y sus pares del FA y el PC eligen el camino contrario.