La elección de constituyentes evidenció la distancia que se ha venido instalando entre los partidos políticos y una ciudadanía insatisfecha con sus conductas. Las facilidades que se otorgaron para que en esa elección los independientes pudieran agruparse en listas llevaron a que un número inusitado de ciudadanos sin militancia fuera electo. No es sin embargo una conclusión acertada la de suponer a partir de ello que los partidos deban ser reemplazados por agrupaciones de independientes, haciendo permanentes normas excepcionalmente concebidas para esos comicios.

Quienes exaltan las virtudes de la independencia olvidan que todas las democracias modernas tienen uno de sus sustentos en la existencia de sistemas de partidos sólidos y que cuando estos se debilitan, las crisis de gobernabilidad se tornan recurrentes, como lo muestra el ejemplo vecino de Perú. Los partidos permiten dar eficacia y predictibilidad a la acción política, al reunir a personas que comparten principios y programas, ofreciendo una cierta consistencia en el tiempo. Además, deben someterse a un estatuto legal que les impone exigencias de transparencia y rendición de cuentas, así como estándares mínimos de democracia interna. De allí que la respuesta frente a fenómenos como la desconfianza que hoy los afecta no pueda ser otra que el mejoramiento de esos estándares, así como el esfuerzo de sus dirigentes por renovarse y recuperar la sintonía con los ciudadanos; si no logran hacerlo, el electorado podrá sancionarlos entregando su apoyo a otras colectividades.

Tales consideraciones son relevantes para analizar el anuncio de la llamada Lista del Pueblo, que ha manifestado su interés de participar en las elecciones de noviembre, exigiendo que rijan entonces para los comicios parlamentarios las mismas facilidades que tuvieron para la elección de constituyentes. Se trata de una demanda improcedente y que encierra una pretensión equívoca. En efecto, al coordinar su acción política y darle proyección en el tiempo, promoviendo determinadas agendas y presentando candidaturas con ese objetivo, la Lista del Pueblo está en los hechos actuando como un partido político, pero sin someterse a las exigencias que la ley les fija a estos y en cambio beneficiándose del ropaje de independientes, que ha mostrado concitar aprecio ciudadano. Presentado como un supuesto acto de justicia, su reclamo constituye en realidad una forma de burlar los requisitos que las colectividades organizadas deben cumplir para adquirir y mantener la condición de tales. Si la Lista del Pueblo desea ampliar su participación política y proyectarla en el tiempo, debe explicitarlo con transparencia, constituyéndose como partido y sometiéndose a las mismas reglas que rigen a todos ellos.