Se han conocido las propuestas respecto del modo en que se elegiría a los integrantes del Congreso con el que se pretende “refundar” la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, luego de fracasados procesos electorales. Elaborado por una comisión, el documento está siendo revisado por los centros de alumnos. Pero, aunque no es un texto definitivo, resulta revelador de tendencias que han adquirido fuerza en la discusión estudiantil y que también se han hecho presentes en el debate nacional.

Ya en lo formal, llama la atención la preocupación por privilegiar el llamado “lenguaje inclusivo”. Así, expresiones como “consejeres”, “congresales elegides” o “nosotres les excluides” abundan y pueden hasta dificultar la lectura para quien no esté habituado. La inquietud por las palabras lleva también a proponer establecer en un artículo del futuro estatuto la expresión “diversidad funcional”, como “la terminología alternativa y más moderna para denominar a lo que antes siempre fue considerado como ‘discapacidad'”. El punto expresa una preocupación sin duda justificada, pero tambien da cuenta del poder transformador de una realidad —en este caso la discriminación— que parece atribuírsele al lenguaje, en línea con cierta sensibilidad posmoderna y las ideas de la “corrección política”.

A su vez, el fondo de la propuesta parece tributario de aquellas visiones según las cuales la estructura social sería el resultado de relaciones de dominación que la política debe corregir. Se plantea así que el Congreso FECh tenga 52 integrantes, pero que se añadan otros 16 cupos reservados para pueblos originarios y 13 para personas con diversidad funcional. Al mismo tiempo, se propone un sistema de paridad “no binario”, con listas cerradas de candidatos cuya composición deberá incluir un tercio de mujeres, uno de hombres y otro de personas no binarias, ordenadas alternadamente; para reforzar la buscada paridad se propone explicitar que al menos el 50% de los electos por unidad académica deban ser mujeres y “disidencias” (trans y “nobinaries”). En el caso de los escaños reservados, el documento no explicita los fundamentos para establecer los números específicos que se asignan a cada grupo, por ejemplo, estimando su proporción dentro del estudiantado. Tampoco parecen haber pesado esas consideraciones para plantear la fórmula de paridad no binaria. Y es precisamente ese el punto tal vez más significativo de la propuesta: el modo en que la idea de representatividad aparece subordinada a la de que el futuro Congreso estudiantil sirva como “reparación histórica” de la “invisibilización” sufrida por ciertos grupos de la sociedad. Tal noción supone, obviamente, un debilitamiento de la democracia representativa, al relativizar principios como el de la igualdad del voto y transformar sus instituciones más propias en un agregado de identidades a reivindicar.

Aunque se trata de un documento elaborado en una particular instancia estudiantil, es significativo constatar cómo esos planteamientos han estado también presentes en nuestra discusión constitucional, cuando, por ejemplo, se propone transformar en permanentes fórmulas como las de los escaños reservados o dar carácter vinculante a mecanismos de participación que privilegian a grupos específicos de la población.