En un quiebre tan dramático como fue el golpe de 1973, solo un sectario puede creer que su organización o grupo estuvo libre de culpa. Hubo una responsabilidad de la DC y una muy grande de los partidos que componían la UP. Una de las culpas del PC en la caída del gobierno fue justamente no haber cumplido el Estatuto de Garantías. La DC acordó su apoyo para la elección de Salvador Allende en el Congreso Pleno —que era decisivo— a cambio de que se respetaran dos principios fundamentales: que las FF.AA. tuvieran el monopolio de las armas; y que no fueran infiltradas ni divididas.

El PC atropelló de manera flagrante ambos compromisos. Respecto del primero, lo hizo al crear un poder armado. Así lo consigna, entre otros, su Informe al Pleno del Comité Central de 1977: “Nos preocupamos desde 1963, de la preparación militar de miembros del Partido (…) logramos contar con alrededor de mil militantes que sabían manejar armas automáticas de distinto tipo (...) otros dos mil compañeros habían aprendido el manejo de armas cortas y diversas formas de lucha callejera (…) logramos disponer de una cantidad limitada de armamentos”. El libro de Carmen Hertz “Operación Exterminio” contiene el testimonio de un dirigente del PC que dice: “quizás en agosto llegó un cargamento de Cuba con armamento nuevo y nunca pudimos retirarlo de la Embajada…”. El día antes del golpe la Comisión Militar del PC le ordena a ese cuadro que vaya a la embajada a decirles “que ya no podemos recibir las cosas… Me estaba esperando un grupo (de funcionarios). -Tengo el encargo de mi Dirección de comunicarles que no podremos retirar las armas, dije. -¡Pendejos!, fue la única respuesta. Pudimos haber sacado antes de allí centenares de fusiles Aka, lanzagranadas, entre otras armas y para equipar más de un batallón”.

El segundo principio del Estatuto de Garantías el PC lo rompió al comprometerse con la infiltración y quiebre del ejército. Manuel Castells dice que esa tarea estaba siendo llevada a cabo “desde el gobierno al nivel de la oficialidad… (y) como lo hizo el MIR en la Marina y el PC en Carabineros”. Regis Debray es explícito: los planes de resistencia “se basaban en la hipótesis de una ruptura en el seno del Ejército y de Carabineros entre una mayoría golpista y una minoría leal evaluada entre el 10 y el 30 por ciento de los efectivos”, lo que abría la posibilidad de “entablar una lucha prolongada que hubiera permitido distribuir armas pesadas a los trabajadores organizados”. Gonzalo Arroyo, sacerdote y secretario del Movimiento Cristianos por el Socialismo, dice que “la izquierda confiaba ingenuamente en la división interna de las Fuerzas Armadas… diagnóstico que llevaba, en caso de haber sido certero, a una guerra civil más o menos prolongada”.

Crear un poder armado irregular e intentar infiltrar y quebrar al Ejército no solo era la ruptura desleal de un acuerdo, sino un desvarío. En la mañana del 11, José Oyarce, del CC del PC, informa que en la reunión con el PS y MIR descubre que esos partidos “no disponían de efectivos que pudieran sostener siquiera escaramuzas con las Fuerzas Armadas”, y Orlando Millas, en sus memorias, revela “que el volcamiento que (esos encargados militares) esperaban a favor del pueblo de generales como Brady y Benavides era una ilusión mortal en que habían incurrido”.

Ese 11 de septiembre, el PC se “replegó” de la defensa del gobierno apenas media hora después de dada a conocer la primera proclama del golpe. A las 9 de la mañana, su Dirección, reunida en la sede del Regional Capital, escucha a Luis Corvalán, quien dice: dado que “el golpe tiene las características que parece tener… debemos replegarnos ordenadamente para salvar a la organización”. La orden ocurre tres horas antes del bombardeo de La Moneda y de conocer el suicidio del Presidente Allende. Creo que en esto el PC hizo bien, pues habría sido inaceptable que enviara a los militantes a enfrentar el poder de las Fuerzas Armadas.

Una política democrática supone que los partidos no intenten quebrar el monopolio de las armas y no se propongan dividir ni infiltrar a las FF.AA., pues esas rupturas desembocan en la destrucción de las libertades, tienen elevados costos en materia de vidas humanas y arruinan la amistad cívica. Esos dos asuntos conforman un real “Estatuto de Garantías” y son una exigencia de decencia cívica que, por cierto, debe alcanzar a todos los partidos, pero en especial a aquellos que, en el último medio siglo, no han estado una sino varias veces en el imprudente juego de las armas.

Genaro Arriagada